El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que interpondrá una denuncia penal contra autoridades de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quienes entorpecieron las investigaciones por tortura en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, y por el video que muestra el tormento infligido a Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos.

Negó que el organismo haya encubierto esta práctica, como denunciaron organizaciones no gubernamentales, información que calificó como falaz. “No hay que confundirnos. Pueden ver la resolución. Señalamos violaciones a los derechos humanos de esta persona, quien fue detenida arbitrariamente, tuvo una retención ilegal, y con las pruebas que obtuvimos determinamos tratos crueles, inhumanos, degradantes, y ahí están de nuevo los obstáculos que enfrentamos.

La PGR se negó a proporcionarnos información sobre ese caso, como en otros tantos; no nos dio la información con que seguramente contaba, y por eso nosotros estamos condenando este hecho y todo acto ilegal.

Entrevistado luego de presentar su informe de labores 2018 ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, González Pérez añadió que desconocía el video. “Tenemos evidencia de que solicitamos la información que estaba realizando la PGR sobre tortura de esta persona; la pedimos oficialmente; recuerden ustedes que siempre he señalado los obstáculos que nos puso la PGR para investigar; éste es uno más. Nos ponían a transcribir las constancias cuando nos dejaban acceder a la información.

Esto no debe modificar el que las autoridades continúen la investigación de las líneas que nosotros propusimos; ahí están los 63 mil restos que la PGR con peritos argentinos levantaron; nosotros hemos seleccionado 114, para determinar si corresponden a los estudiantes o a quién pertenecen.

Agregó que la CNDH coincide con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual señaló que tenía elementos sobre actos de tortura contra 34 personas detenidas por la desaparición de los normalistas.

Durante su informe de labores, advirtió que en México no puede haber poderes absolutos y que las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno, así como los poderes públicos, con independencia de filiaciones o intereses políticos, deben sujetar sus actos a lo previsto en la Carta Magna y en sus leyes, correspondiendo al Poder Judicial la responsabilidad de que la ley se aplique y prevalezca. “La Constitución establece límites al poder, uno de los cuales es, precisamente, el reconocimiento y respeto de los derechos humanos.

La verdadera y real transformación que nuestro país requiere implica un cambio por el respeto a la legalidad, por la vigencia de los derechos humanos, por la inclusión, la tolerancia y el desarrollo de todas y de todos, en un contexto de justicia, de verdad y transparencia en el que la dignidad humana se reconozca y respete. Nadie puede oponerse a que se revisen las estructuras del poder, a que se investiguen y sancionen los actos de corrupción, se abata la impunidad y se haga un mejor ejercicio de los recursos públicos; sin embargo, la consecución de estas metas no puede implicar que se vulneren derechos.