Para atender lo que definió como una emergencia forense en el país, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, detalló que el diagnóstico en esta materia indica que por muchos años se alentó una práctica deleznable para enviar cuerpos a fosas comunes sin hacerse la necropsia correspondiente ni un registro apropiado.

Durante la presentación ayer en Palacio Nacional del primer avance del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, reinstalado hace tres meses, el gobierno federal informó que desde el primero de diciembre, cuando comenzó la presente administración, han sido localizados 207 sitios de inhumaciones clandestinas, principalmente en Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Colima y Zacatecas, que acumulan 65.6 por ciento del total.

Además, fueron localizadas 426 fosas clandestinas, de acuerdo con datos recabados hasta la semana pasada, en Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Chihuahua suman 79.5 por ciento en este renglón.

Respecto de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, el gobierno registró 551, la mayoría en Colima, Sinaloa, Jalisco, Sonora, Nayarit y Chihuahua, donde se localizó casi 80 por ciento, indicó la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna.

Los municipios con mayor índice de sitios de inhumación clandestina son: Mazatlán, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; Tecomán, Colima y Río Blanco, Veracruz. Mientras los municipios con mayor índice de fosas clandestinas son: Úrsulo Galván, Veracruz; Tecomán, Colima; Cajeme, Sonora; Mazatlán, Sinaloa y Acapulco, Guerrero.

Por su parte, Alejandro Encinas indicó que en el diagnóstico hecho al sistema forense en el país detectaron que hay una falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de las pruebas periciales que permitan la identificación de las personas, así como la escasez de personal especializado y suficiente, y falta de recursos y criterios homologados para la conservación y tratamiento de los cadáveres.