a mañanera conferencia de prensa que ofreció ayer el presidente López Obrador en Cancún, Quintana Roo, ha sido la de mayor tono confrontacional. Periodistas locales insistieron ante el titular del Poder Ejecutivo federal en la gravedad de la violencia pública y del crecimiento del sargazo. Algunos participantes refutaron la postura del tabasqueño, quien respaldó al impugnado gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González (un priísta que llegó al poder estatal mediante una alianza en la que participaron los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, mera treta para que Enrique Peña Nieto instalara a Joaquín como su carta real). Los datos y señalamientos hechos en la sesión muestran a Quintana Roo en una situación de desastre múltiple.

Por otra parte, durante el acto de presentación de un informe del Sistema Nacional de Búsqueda, el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a abucheos y reclamos por la falta de resultados en la búsqueda de personas desaparecidas. Familiares y representantes de organizaciones civiles le exigieron seriedad en la búsqueda. El Presidente fue interrumpido en varias ocasiones. ¡No importa que griten! ¡Tienen todo el derecho legítimo!

Ambos casos muestran una disociación entre la visión del gobierno federal y segmentos sociales críticos. A pesar de los esfuerzos de la administración obradorista, una densa realidad termina por exigir que se vaya más allá de los discursos y las buenas intenciones. El propio Presidente aduce que él no miente ni engaña, pero sus convicciones íntimas no pueden ser suficientes para trastocar sistemas y marañas de décadas que hoy se levantan con fuerza contra el proyecto del político tabasqueño reformista. Tampoco el periodismo puede atenerse a que una fuente declarativa asegure que está diciendo la verdad y que así se ha comportado toda la vida: las verdades personales no son necesariamente las verdades políticas.

López Obrador está actualmente en una situación paradójica. Tiene más poder que ningún Presidente de la República en la historia institucional del país: nadie le impuso cuotas en su gabinete, el Poder Legislativo está bajo su control, los partidos opositores están prácticamente desaparecidos, los empresarios viven en la incertidumbre y en particular los relacionados con los grandes medios de comunicación y no pareciera que en el escenario hubiera más voz de mando ni orquestación política que lo practicado diariamente por el ex presidente del PRD y de Morena.

Pero, al mismo tiempo, su situación es precaria. Su principal adversario recurrente y dominante es Donald Trump, quien ha logrado poner los aranceles como una especie de advertencia de lo que puede suceder negativamente si las políticas mexicanas no le satisfacen. El poder de los mercados, los amagos desde Washington y la cruda realidad económica impiden a estas alturas el pleno desarrollo de las propuestas obradoristas.

Un ejemplo interno de esa oposición no partidista al gobierno andresino está a la vista en el caso de los amparos solicitados a la justicia federal en cuantía inusitada. Organizaciones empresariales y de tendencia contraria a Morena y a AMLO pretenden frenar proyectos estratégicos de la llamada Cuarta Transformación por la vía judicial. En particular y en lo inmediato, en lo relacionado con los temas de construcción (o no) de aeropuertos.

El duelo de resoluciones judiciales muestra cada día marcadores distintos, pues se favorece o niega la pretensión de quienes han presentado casi 150 de esos recursos ante los jueces. Esta oposición de élite no se ha compaginado con la oposición de base, la social, como la expresada en Quintana Roo o en el caso de los desaparecidos. Es necesario distinguirlas y darles valoraciones diferenciadas. Las cúpulas buscan frenar para que no se cambien sus privilegios, la oposición social busca que se cumplan promesas de justicia y se avance en la erradicación de la podredumbre institucional.

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