Los procedimientos legales promovidos por organizaciones sociales que pretenden frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía podrían llevarse entre uno y tres años, estimaron el abogado Julio Jiménez Martínez, experto en procesos de amparo y Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico, quienes no descartaron que detrás de esas acciones existan intereses políticos.

Ambos señalaron que los efectos de las suspensiones mantendrían las cosas como se encuentran hasta ahora, en espera de que se dicte una sentencia definitiva, mientras el gobierno federal acredite con todos los requerimientos que den viabilidad al proyecto en la base aérea militar, entre ellos, estudios técnicos, el plan maestro y la manifestación de impacto ambiental (MIA), por mencionar algunos.

Las suspensiones otorgadas son para que no se realice ninguna obra en Santa Lucía en tanto no existan todos y cada uno de los informes que el juez de distrito solicitó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, como opiniones técnicas y, sobre todo, la garantía en la seguridad operacional en materia ambiental. Mientras noentregue todos los informes, no podrá construir nada. Esto tardaría años, dependiendo de los juicios ya que los quejosos pueden recurrir hasta la sala superior o apelar a la Corte Internacional.

Gómez Suárez indicó que por la complicación, la resolución puede tardar hasta tres años. Habrá que esperar las suspensiones definitivas, aunque no descartó que las organizaciones e integrantes de la sociedad civil interpongan más amparos. Sin embargo, agregó que cuando hay personas o grupos de empresarios entre los promoventes se presta a creer que detrás existen intereses políticos.

El Ejecutivo no planeó de manera oportuna las obras en Santa Lucía, no tuvo el control de daños y consecuencias, dijo.