nte las deudas que heredará la administración de Francisco Vega a la de Jaime Bonilla Valdez, la Federación no puede apretarle demasiado el cinturón a Baja California o no habrá manera de detener el descontento social. La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) no es la única institución que está al límite de su funcionamiento por falta de recursos: las preparatorias del estado ya anunciaron la reducción de su matrícula y los problemas en educación básica no son menores.

El próximo gobernador ya prometió a la UABC que se le pagará lo que se le debe, pero el Colegio de Bachilleres y los colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) anunciaron que mil 200 alumnos quedarán fuera por falta de recursos. El daño no es mayor, pues los grupos serán compactados para colocar 50 muchachos por salón.

La federación debe 150 millones de pesos al sistema que atiende a los bachilleres y unos 100 maestros están a punto de ser despedidos porque no hay con qué pagarles. Es nada si se compara con los mil 99 millones de pesos que se adeudan a la UABC, pero limitar el acceso a las preparatorias a los sectores más desprotegidos no parecía un proyecto de la 4T.

El sistema educativo estatal está colapsado por falta de recursos, desde las primarias hasta la universidad. Tres mil maestros que tienen la edad y los años de servicio para jubilarse no lo pueden hacer y sólo en el sistema estatal hay 700 maestros interinos sin paga desde hace 11 meses.

Francisco Vega se dedicó a promover obras de infraestructura que comprometieron los recursos del estado: una desaladora en Rosarito, un segundo piso en Tijuana, una vía del tren en Ensenada. La mayoría no se concretaron y se desentendió de la educación y otros problemas, pero éste ya le estalló.

Los maestros han sido prudentes en un estado donde al común de la sociedad no le gustan los paros ni las protestas, pero el sistema de contención empieza a romperse. El despido de Víctor Fernando García Dávalos –hasta hace un par de meses secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación– por encabezar el bloqueo de las oficinas de la Secretaría de Educación y Bienestar Social por la falta de pago a los interinos fue la única solución que la autoridad encontró.