l ingreso presupuestado para el primer trimestre fue de 1.364 billones de pesos y el ingreso real de 1.295 b, esto es, la captación total fue menor en 69 mil millones (-5.0%) a la prevista. Tal baja es atribuible en su totalidad a que los ingresos petroleros reales fueron 86 mil millones (-32.4%) inferiores a lo programado (en buena parte debido al dislocamiento del "huachicol") ya que los ingresos no petroleros fueron superiores en 17 mil m (1.5%) a lo previsto (Gráfico 1).

Tal disminución de ingresos llevó a su vez a contraer el gasto programado en -87 mil millones (-6.0%), suma que con el superávit de las entidades bajo control presupuestal indirecto (25 mil millones), permitió reducir en 18 mil m el déficit presupuestario esperado y en 43 mil m el déficit público, y mejorar el superávit primario en 16 mil millones.

Decidir tan severa contracción del gasto debió ser una decisión difícil que agravó el complejo inicio del gobierno. Este optó, según se ve, por cumplir su compromiso de finanzas públicas sanas, máxime ante el asedio de las (des) calificadoras transnacionales y los descalificadores locales.

El hecho es que la reducción del gasto afectó a prácticamente todo el sector público en una conjunción de ahorros, despidos, subejercicios por deficiencias y tropiezos operativos. El Poder Legislativo redujo su gasto programado -48.2%, el judicial -37.9, y el Ejecutivo -4.9%. De este último, todas las dependencias ejercieron menos de lo aprobado, salvo la Secretaría de Energía, la de Bienestar, y la CFE (Gráfico 2).

La inversión física del sector público se redujo -13.1% respecto al primer trimestre de 2018, aunque debe considerarse el carácter inicial de este año. Destaca la caída de inversión en transporte -77.9%, en instalaciones de salud -19.2, y en seguridad nacional -35.5; así como la nula inversión en el campo y en protección social (Gráfico 3). En positivo, la inversión física para la educación aumentó 3.2%, la de vivienda y servicios a la comunidad 8.9, y la inversión en energía y combustibles 18.3%

La deuda pública total se ubicó al cierre de marzo en 11.099 billones de pesos, ligeramente arriba de los 11.019 b de un año atrás. Como porcentaje del PIB bajó del 46.8% en 2018 al 44.6. La deuda interna disminuyó del 29.9 al 28.6% del PIB, y la externa del 16.9 al 16.0% (Gráfico 4). El costo financiero se redujo -7.1%

Las cifras disponibles a la fecha parecen indicar que aun no se logra normalizar el gasto y menos la inversión. Es urgente que la contención, el subejercicio y la incertidumbre ya toquen fondo, y que con el segundo semestre inicie la reactivación de la economía pues un gran número de empresas están ya en semáforo rojo y despidiendo personal.

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