a más reciente difusión videográfica de un acto policial de tortura, en el contexto de los interrogatorios sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, se suma a sustentados señalamientos previos que confirmaron tales investigaciones como engañifas organizadas para ocultar, manipular y enredar datos e información reales sobre tal suceso que sigue hasta ahora sin esclarecimiento real.

Nada quedaba de credibilidad respecto a la verdad histórica construida en su momento por el Fabulador General de la República, Jesús Murillo Karam (político y funcionario siempre inmerso en pantanos de mendacidad y corrupción; destacado miembro de la dupla político-geográfica dominante en el sexenio recién pasado, la de mexiquenses e hidalguenses), pero el saldo actual, luego del video recientemente difundido, deja a tal investigación y sus autores en una situación de absoluto déficit, obligados que deberían estar a pagar sus culpas históricas y penales, desde el aún intocable Enrique Peña Nieto hasta el ahora senador Miguel Ángel Osorio Chong, el retirado Murillo Karam y el entonces jefe policiaco y operador escénico, Tomás Zerón (Zembrón) de Lucio (fue director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y le sucedió Omar García Harfuch, quien ahora es jefe de la división de investigación de la policía capitalina).

Las agresiones al detenido Carlos Canto Salgado en octubre de 2014, por las cuales ahora renunció un subsecretario de seguridad pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, han cimbrado a una opinión pública que ya había tenido a su disposición indagaciones a fondo que confirmaban tales métodos de tortura y retorcimiento de las diligencias judiciales. No había video disponible, como ahora, pero se mostraba sin sombra de duda parte de lo que tejió el peñismo para simular una verdad sobre lo sucedido a los jóvenes desaparecidos.

El 3 de mayo de 2016, por ejemplo, esta columna iniciaba con el siguiente párrafo: Diecisiete testigos claves en el armado de la hipótesis de la incineración de normalistas en Cocula sufrieron lesiones de diversa gravedad, indicativas de tortura, cuando ya estaban bajo custodia plena de las autoridades. En términos generales, los médicos de la Marina y de la Procuraduría General de la República (PGR), y los sicólogos de ésta, desatendieron las consecuencias de esas evidencias físicas y de señalamientos verbales de tortura por parte de los presuntos miembros del crimen organizado y de los policías de Iguala y Cocula a los que detuvieron como presuntas piezas centrales en el tejido de la versión ígnea coculense (https://bit.ly/2XCx5bn).

A pesar de todo, poco se ha avanzado en el conocimiento de lo que realmente sucedió en aquella ocasión (sobre todo, el grado de involucramiento de autoridades de los distintos niveles y fueros). La buena disposición verbal del gobierno lopezobradorista no ha tenido la correspondiente concreción, de tal manera que los familiares de los desaparecidos y los organismos civiles que les han acompañado en su lucha mantienen fundado escepticismo, conscientes de que se ha dado un notabilísimo cambio de actitud en la cúpula gobernante, pero no se han podido superar inercias institucionales y tampoco queda claro que la voluntad justiciera que expresa el Presidente de la República tenga el debido impacto operativo en los siguientes escalones del organigrama oficial.

En tanto, los grupos y el partido que estaban en el poder cuando sucedió la tragedia de Iguala pelean por la conducción del Revolucionario Institucional. Los gobernadores priístas que quedan ejercen el papel del dedo presidencial que ya no tienen y se han posado en su compañero Alejandro Moreno, de Campeche. En contra, Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, ex gobernadores de Yucatán y Oaxaca, quienes acusan a Moreno de estar aliado secretamente con Morena-gobierno. Ni a cuál irle.

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