as reformas electorales se han convertido en algo parecido a un hábito pernicioso: después de cada ciclo electoral una reforma. Esto ha exasperado tanto a los académicos como a los funcionarios. Se han producido entre 1977 y 2014, once reformas en materia electoral, ocho fueron de amplio alcance que implicaron cambios constitucionales y nuevas leyes, mientras tres se focalizaron en aspectos puntuales de la legislación secundaria. Lo que ha sucedido es que después de cada proceso electoral se han constatado irregularidades y se han tratado de purgar con reformas, como si éstas tuvieran un poder mágico. Todos sabemos que mientras no haya voluntad política las leyes pueden ser torcidas y burladas.

Actualmente son necesarias varias reformas: una muy importante sería desarrollar los principios del grave delito electoral consignado en el artículo 19 constitucional, es decir, la utilización de programas sociales con fines electorales; también sería indispensable endurecer las penas de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, hoy muy benignas. Esta debilidad fue algo propositivo para limar los dientes y las garras de la legislación electoral.

La democracia mexicana no echará raíces hasta el día en que los gobiernos no interfieran y permitan que los procesos fluyan y sean auténticos. En 2018 y en los recientes comicios de 2019 se ha producido el fenómeno de que las interferencias gubernamentales se frenan o se anulan, y así las elecciones se han celebrado tranquilas, en paz y con resultados confiables. Puede producirse una pluralidad política sana. Serán los mejores, los que tengan propuestas políticas más atractivas, ejecutorias de gobierno de mayor nivel y que rindan buenas cuentas, los que triunfarán. Así, el sueño de los liberales del siglo XIX se convertirá en realidad.

En los comicios del 2 de junio de 2019, las denuncias casi han desaparecido y las impugnaciones han sido pocas. Pero la prueba de fuego vendrá en 2021, cuando se elijan 500 diputados y 14 gobernadores. Si salimos bien, la esperanza empezará a convertirse en una realidad política.

Colaboró Meredith González A.