l llegar 2016, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplía casi tres años de lucha contra la mal llamada reforma educativa del Pacto por México.

La ofensiva gubernamental contra los maestros del país fue violenta y sanguinaria para imponerles una reforma laboral administrativa. Producto de su aplicación, en la nación se generó el cese de centenas de profesores, la militarización de los estados fuertes de la CNTE (Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán) con miles de policías. El gobierno de Peña Nieto negoció con el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, la impunidad del mandatario estatal a cambio de que le entregara la plaza (el gobierno estatal) y apoyara la destrucción del movimiento magisterial oaxaqueño.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) sirvió como una especie de cuartel policiaco donde los gobernadores y los jefes de la policía federal planeaban la estrategia de ataque a los maestros democráticos. Aurelio Nuño, El Sargento, tomaba decisiones –con la venia presidencial– para que jueces venales obsequiaran órdenes de aprehensión contra líderes magisteriales. Todo el aparato judicial-policíaco fue puesto al servicio de la SEP.

En mayo de aquel año, la CNTE estalló un paro indefinido; el Estado mexicano estaba dispuesto a exterminarla con exámenes punitivos, descuentos indebidos, millonarias campañas desinformativas y persecución de sus dirigentes. Los maestros eran obligados a acudir a los exámenes y hasta se usaban vehículos antimotines, helicópteros y policías para resguardar las sedes.

En el plan táctico policiaco, se consideraba que destruyendo la resistencia de los maestros oaxaqueños, la reforma educativa no tendría oposición.

A un mes de movilizaciones con un paro indefinido, bloqueos carreteros, marchas en las entidades y un plantón representativo en la Ciudad de México, la CNTE resistía anunciando que no daría un paso atrás en su decisión de abrogar la reforma educativa; en contraparte, el gobierno federal mantenía su cerrazón al diálogo y arreciaba sus ataques tomando presos con cargos falsos a varios dirigentes de la sección 22 de Oaxaca, entre ellos al secretario general, profesor Rubén Núñez Ginez (QEPD). El mensaje era muy claro: la reforma educativa no la para nadie, la cárcel los espera.

El Estado mexicano estaba resuelto a no ceder en nada y derrotar el paro de la Coordinadora; entonces ocurrió un hecho que cambió de tajo la historia de la mal llamada reforma educativa. El 19 de junio de 2016, la clase política gobernante dio la orden de atacar para remover barricadas en carreteras y ciudades; seguramente en su reunión interna, analizaron que era el momento adecuado, algo muy parecido a la decisión tomada por el asesino Ulises Ruiz Ortiz el 14 de junio de 2006.

Las barricadas en carreteras y ciudades fueron defendidas por los profesores y el pueblo; el uso de la fuerza policiaca fue criminal, dispararon sin piedad; la agresión fue mortal. La noticia de la masacre perpetrada en Nochixtlán, dio la vuelta al mundo; el saldo fue de ocho muertos, 27 detenidos, 150 heridos de bala y otros proyectiles, y cientos de personas intoxicadas con gases, así como la persecución y desplazamiento forzado de niños , maestros y ciudadanos. Durante horas, las fuerzas policíacas allanaron domicilios e impidieron la atención hospitalaria de los heridos. Ese día, la CNTE denunció: a cambio de diálogo, nos asesinan a balazos y pidió la renuncia de los autores intelectuales del crimen de lesa humanidad, señalando a Aurelio Nuño (SEP), Miguel Ángel Osorio (SG), Enrique Peña (Presidente) y Gabino Cué (gobernador de Oaxaca); asimismo, exigió el castigo inmediato a los asesinos materiales e intelectuales.

Los funcionarios mencionados declararon que no renunciaban, que asumían la responsabilidad del uso de la fuerza y armas de fuego, pero Peña Nieto se vio obligado a declarar que en el marco de la ley, se tomen las acciones necesarias para solucionar el conflicto ( La Jornada, 20/6/16).

El sacrificio de los héroes de Nochixtlán determinó el destino de la mal llamada reforma educativa del Pacto por México; ese día murió también la pretensión de Aurelio Nuño en sus aspiraciones a la candidatura presidencial.

Han transcurrido tres años y el crimen sigue impune; los asesinos siguen sin castigo, y la CNTE tiene una deuda enorme con las familias de las víctimas. En la mesa de negociaciones con el presidente López Obrador, la masacre de Nochixtlán no es prioritaria, lo que deja mucho qué decir de la CNTE, pero principalmente de los negociadores de la sección 22 de Oaxaca.

Mientras, las familias de los asesinados esperan justicia. Es hora que la CNTE y el gobierno de la Cuarta Transformación vuelvan los ojos hacia ellos; pues sin ser maestros, contribuyeron para la derrota de la mal llamada reforma educativa punitiva y el triunfo del actual gobierno.

*Profesor de educación básica