remenda discusión se armó en torno a la estadística laboral del país, centrada ésta en el número de empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Unos aseguran que, respecto de igual mes de 2018, en mayo pasado la generación de plazas formales se desplomó entre 54 y 90 por ciento (según el medio, amén de que no se sabe cómo hicieron el cálculo, pues la diferencia entre una y otra cifra es abismal).

En la tienda de enfrente, en las filas gubernamentales, la secretaria del Trabajo desestima (María Luisa Alcalde dixit) el citado balance, mientras el director general de la institución de seguridad social, Zoé Robledo, asegura que en los primeros cinco meses de 2019 han sido registradas más de 303 mil plazas formales, algo así como 20 por ciento por arriba de lo observado en igual periodo de 2018.

La estadística del IMSS documenta que al cierre de mayo pasado 20 millones 382 mil 910 trabajadores estaban registrados en esa institución, monto que si bien no es despreciable sí refleja la enorme distancia entre el empleo formal y la ocupación informal en el país.

Todo empleo registrado en el IMSS pertenece al sector formal de la economía, el cual, de acuerdo con los cálculos oficiales, genera 75 por ciento del producto interno bruto. En la tienda de enfrente, el sector informal aporta el 25 por ciento restante del PIB, pero ocupa a cerca de 30 millones de mexicanos.

La aclaración es relevante, porque da cuenta del terrible balance: sólo cuatro de cada 10 mexicanos en edad y condición de laborar se emplean en la economía formal y –se supone– cuentan con todas las prestaciones de ley, entre ellas el derecho a pensionarse. El resto, seis de cada 10, sobrevive en la informalidad, sin derecho a nada.

Pero el problema real, de fondo, del empleo en México, supera con creces la supuesta discusión sobre si en mayo pasado se crearon o cancelaron tantas plazas laborales, porque la ecuación a resolver es cómo se formalizará la informalidad, no sólo para incrementar el crecimiento y valor agregado de la economía, sino para mejorar el deteriorado nivel de vida de los mexicanos.

La herencia que en este ámbito recibió el gobierno de López Obrador resulta brutal, pues, como bien ha documentado el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), la precarización del mercado laboral mexicano exhibe la correspondiente precarización de la economía nacional, porque durante los últimos 30 años la informalidad fue la válvula de escape ante las crisis recurrentes causadas por un modelo de política económica que sigue presente.

La informalidad es una trampa de pobreza, detalla el IDIC: tiene baja productividad y genera poco valor agregado a pesar de que ocupa a 57 por ciento de la población en edad y condición de laborar. La mala distribución de la riqueza tiene una de sus causas en la informalidad. Al mismo tiempo, la pérdida de empleos bien pagados avanza porque la desaceleración económica y la baja inversión productiva cierran oportunidades laborales.

A lo anterior se suma la inercia de precarización laboral existente desde 2006 (acicateada por los gobiernos neoliberales en beneficio del capital). Sólo un programa de reactivación económica con el fomento a la inversión productiva y de colaboración público-privada podrán revertir dicha situación.

El presidente López Obrador se encuentra atrapado por la inercia de un mercado laboral estructuralmente precarizado, producto del México informal y la desaceleración de la economía nacional, y una de las repercusiones de la informalidad se ve en los bajos salarios. En el primer trimestre del año, el Inegi reportó que la población ocupada alcanzó 54.2 millones. De ellos, más de la mitad obtuvo como máximo dos minisalarios y sólo 3.2 por ciento más de cinco.

Las rebanadas del pastel

¿Qué se cocina en las alturas que de la noche a la mañana y como por arte de magia se apagó el escándalo Lozoya-Pemex?

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