En una resolución inédita, un tribunal federal concedió al ciudadano colombiano Miguel Ángel Beltrán un fallo en su favor al encontrar que el Instituto Nacional de Migración (INM) violentó sus garantías fundamentales al extraditarlo en 2009 de México a Colombia, donde se le acusaba de terrorismo y pertenecer al entonces grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con la resolución judicial, la dependencia mexicana violó los derechos a la libertad, al debido proceso y de asilo; así como los principios de presunción de inocencia y de no devolución, así como el de continuar sus estudios en México (realizaba una estancia posdoctoral en la UNAM).

La justicia federal mexicana decretó además que se le tiene que dar una indemnización económica para reparar el daño que injustificadamente sufrió Beltrán y su esposa en 2009.