Para Estados Unidos, el gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, aunque está haciendo esfuerzos para hacerlo, de acuerdo con un informe anual del Departamento de Estado.

En el reporte sobre Trata de Personas 2019, la administración estadunidense detalla que si bien el año pasado, México presentó esfuerzos crecientes en contraste con el periodo anterior, no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave.

De acuerdo con este trabajo anual, se investigó, procesó y condenó a menos traficantes que durante el 2017. A su vez, proporcionó servicios especializados limitados para las víctimas de la trata y mantuvo un número inadecuado de refugios en comparación con la escala del problema.

A su vez, las autoridades inspeccionaron y procesaron pocas quejas de trabajo forzado en la agricultura, en parte debido a la falta de recursos. Se detalla que la corrupción y varios casos de complicidad entre algunos funcionarios inhibieron las acciones de aplicación de la ley contra el tráfico. Conforme al trabajo del Departamento de Estado, el gobierno mexicano informó haber identificado 706 víctimas de trata en 2018; en contraste en 2017 se identificaron 667; 740 en 2016 y mil 814 en 2015.

De las 706 víctimas identificadas el año pasado, 387 fueron por trata sexual, 153 por trabajo forzado potencial o explotación laboral y 166 no identificadas. Aproximadamente 21 por ciento eran hombres; 54 por ciento mujeres y 25 por ciento sin género identificado. Los grupos considerados más vulnerables incluyen mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad mental y/o física, inmigrantes y población homosexual.

La mayoría de las víctimas extranjeras en nuestro país son de América Central y del Sur, particularmente de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.

Ante este escenario, el Departamento de Estado recomendó, al gobierno mexicano, entre otros, aumentar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de trata de personas tanto a escala federal como estatal y sentenciar a los traficantes condenados a penas de prisión significativas.