Ante la falta de acuerdos en la mayor parte de los temas para los que se convocó el segundo periodo extraordinario, las fuerzas políticas representadas en el Senado acordaron decretar un receso, a fin de reanudar sesiones el próximo 1º de julio.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, comentó que decidieron darse un plazo de 10 días a fin de concretar los dictámenes de las reformas en materia de extinción de dominio y la Ley de Austeridad Republicana y otros asuntos pendientes, así como el nombramiento de los integrantes de la Junta de Gobierno y del consejo técnico del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, tema en el que no pudieron ponerse de acuerdo.

Precisó que deben reanudar el periodo extraordinario el 1º de julio pese a que ese día se llevará a cabo en el Zócalo el mitin para celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador debido a que se cumple el plazo para nombrar a los integrantes de los órganos de gobierno del ente que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.

La intención, precisó, es que el periodo extraordinario se lleve a cabo el 1º y 2 de julio, cuando se espera agotar los pendientes, excepto en lo referente a la reforma para la revocación de mandato, en la que no hay consenso, pese a la disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador de trasladar a diciembre la fecha para que la población decida sobre la permanencia del Ejecutivo.

En cuanto a este último tema, el coordinador Monreal precisó que la minuta será revisada por un grupo en el que participan todas las fuerzas políticas, a fin de tratar de llegar a un acuerdo.

No está fácil; necesitamos movernos al 1º de diciembre o después para la celebración de este ejercicio democrático, por lo que es probable que la minuta con la revocación de mandato se vaya hasta el periodo ordinario de septiembre. La senadora priísta Claudia Edith Anaya explicó que la oposición demanda que esta reforma no se aplique en este sexenio, sino en el siguiente.

Por otra parte, las comisiones que dictaminan la Ley de Austeridad Republicana se reunieron ayer por la tarde con Tania de la Paz Pérez, subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda.

En el encuentro se destacó que la ley será aplicable para los tres niveles de gobierno y no sólo se escucharán las opiniones de autoridades, sino también las intervenciones de agrupaciones de la sociedad civil, reveló el senador Alejandro Armenta.