unicipios con creciente pobreza y altamente endeudados no es la fórmula perfecta para que sus habitantes siquiera asomen la cabeza en busca de bienestar. Las políticas públicas de los pasados seis gobiernos, con indeleble sello de corrupción, incrementaron sostenidamente los dos factores citados: pobres y deuda, en una combinación económico-social explosiva.

Los reportes trimestrales sobre el comportamiento de la deuda municipal y sus efectos negativos en los de por sí ínfimos niveles de bienestar de la población daban cuenta del avance en la primera y la caída en los segundos, de tal suerte que el desarrollo y la estabilidad financiera de los municipios se encuentran altamente comprometidos.

El correspondiente a diciembre pasado de 2018 documentó un aumento en el saldo de las obligaciones financieras de los municipios del orden de 39.2 por ciento en términos reales (crecimiento anual real de 3.4 por ciento) entre el cuarto trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2018.

Sin embargo, algo sucedió entre enero y marzo de 2019, pues dicho saldo cayó alrededor de 13 puntos porcentuales si se considera el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2009 y el mismo periodo del presente año.

El informe temático más reciente del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, del que se toman los siguientes elementos, documenta que en la última década el saldo de la deuda municipal presenta un incremento de 21 mil 844.5 millones de pesos, al pasar de 22 mil 941.8 a 44 mil 786.3 millones, de tal forma que el crecimiento del saldo de las obligaciones financieras de los municipios fue de 26.6 por ciento en términos reales, lo que equivale a un crecimiento medio anual real de 2.4 por ciento, proporciones que contrastan con las reportadas tres meses atrás.

El CEFP lo detalla así: en periodos más recientes la deuda municipal ha venido disminuyendo, siendo la reducción de 6 mil 325.2 millones de pesos en el último año y de 3 mil 618.2 millones en el primer trimestre de 2019.

Por acreedor, a marzo de 2019, el saldo de las obligaciones financieras de los municipios se distribuye de la siguiente manera: 23 mil 145.9 millones de pesos (51.7 por ciento) provienen de la banca privada; 18 mil 102.9 millones (40.4 por ciento) de la banca del Estado; mil 424.4 millones (3.2 por ciento) de emisiones bursátiles y 2 mil 113.3 millones (4.7 por ciento) de fideicomisos.

La participación de la banca privada se incrementó 4.5 puntos porcentuales en apenas tres meses, de tal suerte que ella es la principal acreedora de los famélicos municipios del país. Por su lado, la banca del Estado mexicano redujo la suya en 5 puntos porcentuales, mientras que las emisiones bursátiles y los fideicomisos avanzaron ligeramente.

Los municipios más endeudados del país en términos absolutos (con una deuda que supera mil millones de pesos) son Tijuana y Mexicali, Baja California; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Monterrey y San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato; y Benito Juárez, Quintana Roo. La deuda conjunta de estos municipios representa casi 37 por ciento del total.

Por habitante, los municipios con mayores obligaciones financieras son Cozumel, Quintana Roo (4 mil 326.6 pesos por persona); Puerto Peñasco, Sonora (2 mil 994); Solidaridad, Quintana Roo (2 mil 935.7); Agua Prieta, Sonora (2 mil 827); San Nicolás de los Garza, Nuevo León (2 mil 515); Nogales, Sonora (2 mil 122), y Guaymas, Sonora (2 mil 53.4).

Por ingresos totales, los municipios más endeudados son San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Cozumel, Quintana Roo; Tonalá, Jalisco, y Agua Prieta, Sonora; con proporciones mayores a 50 por ciento, cada uno.

Las rebanadas del pastel

¿Qué esperaba el ex rector Narro? ¿Un PRI transparente, decente y con elecciones internas democráticas? Parece que nada aprendió en sus 46 años de militancia tricolor, porque simulación, trampas, imposiciones y excesos, de los que ahora se queja, son el alimento cotidiano en esa empresa disfrazada de partido político.

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