n el contexto del Día Mundial del Refugiado, que se conmemoró ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, emitió un doble mensaje para los que ingresan a México con la intención de alcanzar la frontera estadunidense: por una parte advirtió que no se les permitirá usar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, lo que significa, en los hechos, la cancelación de su derecho al libre tránsito o, al menos, la asunción de que éste se encuentra suspendido para los extranjeros que se dirigen hacia nuestro vecino del norte.

Se trata sin duda de un anuncio lamentable que además contraviene un derecho consagrado tanto en la Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Aunque esto no hace menos deplorable el comunicado referido, debe señalarse que el libre tránsito pertenece al orden de las garantías que en todo el planeta se encuentran severamente acotadas, cuando no llanamente denegados: el libre tránsito pleno no se observa en ningún país del mundo, pues todos los Estados condicionan de una u otra manera el ingreso de extranjeros a sus respectivos territorios. En los hechos, pues, es una reivindicación no lograda, y esto resulta particularmente cierto en el caso de las naciones que se jactan de mantener altos estándares de respeto a los derechos humanos.

Además, y sin intención de desconocer lo desolador del mensaje de Sánchez Cordero, no puede ignorarse que México toma esta medida en el contexto de la relación bilateral, cuando la nación vecina es gobernada por un político que tiene la permanente necesidad de fabricarse enemigos externos para exacerbar las actitudes chovinistas de su base electoral y que, lamentablemente, posee el poder para presionar para el cumplimiento de sus exigencias a otros gobiernos.

Por otra parte, así como es doloroso constatar la permanencia de México en este conglomerado mundial de negación o limitación de la libertad de tránsito, también debe reconocerse en las declaraciones de la titular de Gobernación el ofrecimiento de una política de puertas abiertas para quienes decidan quedarse en nuestro país mediante visados, permisos de trabajo y la voluntad de incluirlos de manera plena en la sociedad mexicana. Con ello, México se coloca en una posición verdaderamente excepcional: en un planeta lleno de alambradas, de xenofobias e intolerancia, no puede escatimarse el valor ejemplar de invitar a los extranjeros a permanecer e integrarse.

Esta encomiable postura oficial no sólo requerirá de un ingente esfuerzo económico y organizativo para dar a los huéspedes condiciones de trabajo, vivienda, salud y educación –esfuerzo que, previsiblemente, se inscribirá en el marco de los programas sociales emprendidos por la Cuarta Transformación–, sino también de un intenso trabajo educativo y cultural para erradicar los reflejos xenófobos y racistas que persisten en importantes sectores de la población, los cuales se han visto inducidos a experimentar paranoias y percepciones de peligro asociadas a cualquier extranjero.

Si no son atajadas mediante la educación, estas tendencias podrían provocar situaciones en todo punto indeseables en un escenario de país abierto y oferente de nuevos horizontes para quienes llegan a él.

Por último, la condición de asignatura pendiente que guarda la libertad de tránsito, así como la coyuntura que obliga a México a ponerla en suspenso, no deben orillar a la resignación, sino por el contrario, al esfuerzo concertado para convertirla en realidad los más pronto posible.

El gobierno y la sociedad mexicanos deben empeñarse para actuar en los ámbitos interno y externo a fin de avanzar en la materialización de ese derecho humano.