Caracas. El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ayer ante la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el impacto negativo del bloqueo económico que le impone Estados Unidos.

Tras una reunión a puerta cerrada con la funcionaria en la Casa Amarilla, sede de la cancillería, el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, informó en conferencia de prensa que el gobierno pidió a la alta comisionada servir de intermediaria para liberar los fondos retenidos a instancias de Washington en varios países para destinarlos a la compra de alimentos, medicinas y educación.

Afirmó que en Reino Unido hay unos mil 600 millones de euros que son un año del programa de alimentación Comité Local de Abastecimiento y Producción, mientras en Portugal hay otros mil 300 millones para abastecer de insumos básicos al sector agroindustrial durante un año.

Aseguró que entre Bélgica y otros países hay más de 500 millones de dólares que podrían servir para comprar medicinas de alto costo.

Precisó que estas medidas de Washington han retenido recursos por 4 mil 800 millones de euros, mientras las pérdidas económicas por las sanciones superan los 116 mil millones de euros. Subrayó que estas han reducido los niveles de ingreso más de 900 por ciento.

En el segundo día de su visita a Venezuela, Bachellet también se reunió en la cancillería con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó la presidencia.

Además, conversó con el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.

En rueda de prensa, Saab dijo que entregó a Bachelet un informe sobre 6 mil 709 casos judiciales en materia de derechos humanos registrados entre agosto de 2017 y mayo de 2019, así como propuestas de la Organización de las Naciones Unidas para la capacitación y formación de autoridades venezolanas.

Aseguró que en Venezuela se garantizan los derechos fundamentales de la población, a pesar de que un factor de la vida política venezolana haya decidido el camino de la violencia. Destacó que transmitió a la alta comisionada el interés del gobierno bolivariano por trabajar conjuntamente en materia de derechos humanos.

La oficina de Bachelet denunció en un informe difundido el pasado marzo que los uniformados venezolanos y los grupos de civiles armados chavistas hicieron uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas opositoras.

La ex presidenta chilena sostuvo una reunión con familiares de manifestantes detenidos, uno de los temas más álgidos que deberá abordar la diplomática en su visita. Horas antes, decenas de personas se plantaron frente al edificio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el este de Caracas, para solicitar a la alta comisionada ayuda para liberar a los opositores arrestados.

Además, empleados de los sectores de la salud, la educación, y ex trabajadores petroleros se concentraron en distintos puntos para plantear sus reclamos con motivo de la visita de Bachelet.

Se espera que la alta comisionada se reúna hoy con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y con el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado en enero pasado.

En este contexto, Maduro ascendió a 183 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los cargos de general de división, general de brigada, vicealmirante y contraalmirante.