La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó que la fiscalía de Chihuahua investigue o ejerza acción contra ex funcionarios federales (incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto), siempre y cuando se trate de cuestiones del ámbito local y sus indagatorias no involucren delitos federales. El gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, afirmó que su administración irá hasta donde tope en la investigación sobre desvío de recursos del estado. Así, el Ministerio Público estatal podrá indagar el paradero de 250 millones de pesos que, aseguró, fueron desviados de las arcas estatales a las campañas del Partido Revolucionario Institucional en la Operación Safiro. Este asunto está relacionado con la controversia constitucional que presentó la Consejería del Poder Ejecutivo Federal durante el último mes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto para que la fiscalía de Chihuahua no pudiera integrar averiguaciones previas o carpetas de investigación o pedir la comparecencia de funcionarios federales presuntamente relacionados con dicho caso. La suspensión que otorgó el ministro Eduardo Medina Mora detenía las indagatorias que se hubieran iniciado. Ayer, durante la sesión de la segunda sala, se declaró parcialmente procedente el recurso de reclamación presentado por la fiscalía de Chihuahua y se modificó el alcance de la suspensión para limitarla a delitos del fuero común.