Cuernavaca, Mor., El gobierno del estado le quitó a Amalia y a María Hernández la custodia policiaca que ambas tenían desde junio de 2016, después de que pusieron al descubierto la existencia de fosas clandestinas donde la Procuraduría General de Justicia del Estado depositó en 2013, sin seguir protocolo alguno, los cuerpos de 119 personas muertas violentamente y que nadie reclamó en su momento, incluido el de Óliver Navarrete Hernández, hijo y sobrino de las denunciantes, respectivamente.

Amalia interpretó esta medida como una represalia porque el lunes pasado las dos encabezaron una protesta contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, en un acto oficial realizado en el palacio de gobierno.

Ese día la madre de Oliver y una familiar de otra víctima extendieron una manta en la que demandaban una fiscalía especializada para investigar el caso Tetelcingo (comunidad del municipio de Cuautla donde se encontraron las fosas), para evitar que la FGE siga siendo juez y parte, pues ello mantiene estancadas las investigaciones.

El martes le quitaron la seguridad a mi hermana María y a su hijo; este miércoles me la quitaron a mí y a mis hijos, denunció Amalia Hernández.

Los cuatro agentes que tenían asignados –uno para María, otro para su hijo, un tercero para Amalia y uno más para sus hijos– les dijeron que se retiraban por órdenes de sus superiores.

Estamos en riesgo

No nos notificaron ni nos explicaron por qué nos quitaron la seguridad. Estamos en riesgo, porque los 42 involucrados en la inhumación de los 119 cuerpos saben que nosotras los denunciamos y estamos luchando por que paguen. Responsabilizo al fiscal de lo que nos pueda pasar, dijo Amalia Navarrete.

Recordó que las autoridades retuvieron durante meses el cadáver de Óliver –secuestrado y muerto en mayo de 2013– en el Servicio Médico Forense (Semefo) como evidencia que podría llevar a la captura de sus asesinos, a pesar de que su madre lo reclamó para darle sepultura. Un día el cuerpo desapareció del Semefo y, ante la insistencia de la madre, le dijeron que había sido inhumado en una fosa común del panteón municipal de la comunidad de Tetelcingo.

Cuando fue llevada a exhumar el cadáver de su sobrino, la tía descubrió que en la misma fosa había unos 200 cuerpos más amontonados, sin registro alguno y sin posibilidad de que alguien los reclamara.

Las inconformes obtuvieron escoltas luego de que emprendieron una lucha jurídica para exhumar de esas fosas ilegales a Oliver en 2014 y después, junto con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para que se identificaran los cuerpos de otras personas enterradas allí. En 2016 se exhumaron 117 cuerpos (dos años antes fueron recuperados el de Oliver y el de una maestra).