l giro en materia migratoria de la Cuarta Transformación nos regresa a los niveles vergonzosos de una política errática y de cumplimiento de directrices dictadas desde Estados Unidos (EU), como ocurre a la mayoría de los países de América Central. Como lo veamos, hay un fuerte golpe al derecho mexicano en materia migratoria y a los acuerdos internacionales suscritos por el Estado. En un ambiente tenso, las potencias industriales se empeñan en desconocer los tratados internacionales logrados con el consenso de los países en el seno de la ONU y en otras instancias de esa organización. Además, se muestran decididas a atropellar las soberanías que a través del derecho se han dado los pueblos. De allí que, si acordamos convenios que dañen la esencia idiosincrásica de la nación, podríamos estar disminuyendo políticamente al Estado, que debería ser el primer baluarte en la defensa de esa soberanía teórica.

La política de disuasión de la migración centroamericana en la última etapa de Vicente Fox, pero más marcadamente en el sexenio de Felipe Calderón, consistió en entregar a los migrantes al crimen organizado, preponderantemente Los Zetas. Esta política no tuvo variaciones significativas con Enrique Peña Nieto, a pesar de que en 2011 se reformó la Ley de Migración, integrando aspectos positivos en cuanto a la obligación del Estado de proteger los derechos de los migrantes. Los cárteles se especializaron en capturar centroamericanos en ruta al norte, en cualquier lugar, como fue por muchos años Tierra Blanca, Veracruz. Al mismo tiempo cobraban derecho de tránsito a los polleros que guiaban a migrantes. Los grupos delictivos tuvieron en su actuar como cómplices coadyuvantes a los agentes migratorios de México y a la Policía Federal. Eso creó un mercado caro para los migrantes y de máximo riesgo, como lo evidenció en su momento la masacre de 72 viajeros en San Fernando, Tamaulipas (2010). Pero la historia había empezado en 1994, cuando con la Operación Guardián los gringos cerraron con valla metálica los pasos tradicionales de migrantes por Tijuana y siguieron cerrando accesos cercanos a las ciudades fronterizas. Hasta entonces narcotraficantes y polleros usaban pasos distintos para cruzar la línea, pero la decisión estadunidense tomada con plena intención acarrearía consecuencias trágicas para la migración. Como reconoció Doris Meissner, la entonces comisionada de la Border Patrol, el cierre obligaría a los migrantes a desviarse hacia las veredas y caminos donde traficantes movían droga, lo cual traería inevitablemente violencia contra la migración, lo cual empezó a ocurrir inmediatamente. Salinas de Gortari, presidente en ese tiempo, ni siquiera pestañeó frente al cambio profundo que los estadunidenses estaban imponiendo al sistema migratorio.

Mediante el secuestro las mafias del crimen se hicieron de ganancias de la prostitución, de rescates por los indocumentados y de elementos jóvenes para entrenarlos como sicarios y contrabandistas. Hacia el sur, en los dos mares que estrangulan el Istmo, el patrullaje quedó a cargo de las cañoneras de EU.

Transcurrieron muchos años sin perturbaciones importantes en ese estado de cosas, en las que el tránsito por México era individual o de pequeños grupos hacia EU, pero con alto riesgo de muerte o de caer en la esclavitud del crimen. Como organizaciones masivas, las caravanas de 2018 inauguraron otra metodología para el traslado de poblaciones, podemos decir a gran escala, aunque en años anteriores se habían experimentado caravanas menores. Esto rompió de momento una de las columnas estructurales del sistema migratorio impuesto por EU y la política mexicana: la alianza del crimen organizado y la delincuencia grupal con los cuerpos de seguridad, señaladamente el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal, más las policías estatales y municipales. Al atraer la atención mediática y defensores de migrantes, las caravanas pudieron moverse en México sobrellevando con éxito el riesgo de toparse con secuestradores y policías extorsionadores o ambos operando en un solo acto. Al describir este fenómeno ni de lejos propongo alentar las caravanas, ni que se deje de combatir al infame negocio del tráfico de personas, sino destacar la imposibilidad del Estado para garantizar la seguridad de migrantes internados en territorio mexicano, recorriéndolo.

Dado que esta es una garantía que quizá no podamos cumplir, los acuerdos de los que apenas se conoce una parte, entre el gobierno de López Obrador y el de Trump, regresan la migración al nivel de la situación de ignominia anterior que parecía impensable dentro de un régimen que intenta transformar el país. En el plazo de los 45 días que corren no será difícil mostrarle a Trump resultados del aumento de capturados y la disminución de transmigrantes llegando a la frontera norte, para eso nos pintamos solos. El riesgo es que a partir de allí los migrantes vuelven a quedar a la deriva, en manos de un cuerpo de policía migratoria que no ha sido depurado en su mayoría y con la tentación de un campo de ganancias sin mayores riesgos. Además, el Estado ha cedido en un punto clave que podría dejarlo a merced de los caprichos de Washington o de oscuros intereses operando en Centroamérica. Por eso resulta insultante la pregunta del canciller de que si hay otra manera de negociar que se la hagan ver. Si se sumerge en la historia de nuestra diplomacia, hallará ejemplos por cientos. Sí, sí hay muchas maneras de tratar con los estadunidenses, así sean de la ralea que hoy gobierna esa nación, pero todas pasan por no mostrarse sumisos y manteniendo alerta al pueblo.

* Profesor e investigador de El Colegio de Sonora. Autor de Transmigración, integración y frontera latina.