La Ley General de Archivos, que tardó cuatro años en gestionar-se en el Congreso de la Unión, entró en vigor con 20 por ciento de los recursos que necesita para su implementación.

Durante un foro sobre este tema, comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), legisladores y especialistas en temas de transparencia, advirtieron que el recorte presupuestal del gobierno federal impacta en la aplicación de esta legislación.

Esperamos que los señores legisladores federales, este año, especialmente los señores diputados, reconozcan al Archivo General de la Nación (AGN), los presupuestos adecuados para que esta aventura no sea fallida, no se quede atrapada en la imposibilidad de materializarse, indicó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Inai.

De no haber recursos podría convertirse en sólo una buena intención, indicó Acuña y recalcó que para que el sistema nacional anticorrupción se concrete por completo, debe estar funcionando la ley de archivos como uno de sus elementos.

Por su parte, Lourdes Morales Canales, representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil, subrayó que el manejo de documentos con la nueva ley implica una administración de archivos en todo el país, lo que incremen-ta la cantidad de recursos que se necesita para ello, y la necesidad de nuevas plazas, a pesar de lo cual, este año hubo un recorte de plazas en el Archivo General de la Nación (AGN).

Desafíos y malabares

Parte de los desafíos no sólo son presupuestales, los 87 millones de pesos que se destinaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación, apenas son 20 por ciento de lo que se requería para la implementación; o sea están haciendo malabares, indi-có Morales.

El AGN atendía documentos de 300 sujetos obligados, mientras con la nueva ley estará pendiente de 12 mil, explicó el director general de este Archivo, Carlos Ruiz Abreu.

Para la diputada federal panista Laura Rojas, el manejo adecua-do de los archivos gubernamentales nunca ha sido una prioridad para los gobiernos, pero sostuvo que invertir en ello no es un lujo, sino una forma de preservar la información.

La legislación fue aprobada en junio de 2018 pero con especificaciones de entrada en vigor a partir del 15 de junio de 2019. Dicha ley regula el uso y resguardo de los archivos de las distintas áreas de la administración pública y dependencias gubernamentales, para facilitar su consulta y evitar su destrucción.