oce palabras pronunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú: Dijo el Presidente por la mañana eso, yo no estoy de acuerdo. Se refería el afamado ingeniero y universitario a la postulación andresina de que son corruptos quienes promueven amparos del Poder Judicial federal contra las obras aeroportuarias que se pretenden realizar en la base militar de Santa Lucía. No es un asunto menor que el titular de la SCT disienta de quien lo puso en el cargo, pues en ese punto, el de los corruptos que aspiraban a ser beneficiarios del proyecto original en Texcoco, ha descansado buena parte del discurso defensivo y ofensivo del político tabasqueño.

No es la primera ocasión en que un miembro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador se manifiesta contra la posición de su jefe: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en su momento que estaba en contra de la reducción de salarios y prestaciones a los miembros del Poder Judicial de la Federación (al que pertenece, como ministra en retiro), reducción que categóricamente demandaba el Presidente de México.

Sin embargo, la dimensión del diferendo es mayor en el caso aéreo que en el judicial. La profusión de solicitudes de amparo respecto a los casos Santa Lucía (para que no se inicien los trabajos de construcción) y Texcoco (para que no se ahogue en agua lo estructuralmente avanzado en cuanto a un nuevo aeropuerto) entraña una calculada pretensión de entrampar el curso del gobierno obradorista y someterlo a un multiplicable freno jurídico en cuanto tema les parezca impugnable a las fuerzas políticas y económicas que no han encontrado una vía política y electoral para enfrentar ese obradorismo aún sumamente fuerte en términos de aceptación popular.

En términos formales es indiscutible que asiste a cualquier ciudadano el legítimo derecho de inconformarse frente a actos de poder que le parezcan lesivos a su interés particular o al social. Ese derecho puede ejercerse hasta la saciedad e incluso en términos que puedan parecer excesivos. La ley indica y reconoce ese derecho y lo regula para que se cumpla a través de las vías judiciales establecidas, que pueden aceptar o rechazar las pretensiones de los demandantes. Aunque fueran mal intencionadas o políticamente sesgadas o tendenciosas las recurrencias de, por ejemplo, los ciudadanos Claudio X. González (directivo y mecenas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) y Gustavo de Hoyos (presidente de Coparmex y flagrante 3P: presunto precandidato presidencial 2024), tienen pleno derecho a solicitar amparos y a generar cuantas incidencias judiciales crean adecuadas a su parecer.

Sin embargo, y ya instalados en el terreno ideológico, político e incluso electoral, los alegatos y promociones judiciales contra Santa Lucía y virtualmente a favor de Texcoco tienen una clara significación contraria al proceso que se autodenomina Cuarta Transformación. Grupos, membretes, personajes e intereses que fueron silenciosos validadores de anteriores actos discutibles o abiertamente repudiables de gobiernos priístas y panistas ahora se han convertido en feroces defensores de una legalidad a la que anteriormente no protegieron y cuyas continuas violaciones no les merecieron fervores cívicos y jurídicos.

El desacuerdo de Jiménez Espriú tiene como referencia ese contexto. Y, en tal escenario, debilita el discurso de su jefe, centrado en la denuncia de los corruptos que pretenden frenarlo a él y sus obras estelares. Después de Jiménez Espriú entró en escena Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación rudamente desplazada de algunas funciones por el vicepresidente provisional, Marcelo Ebrard. Dijo que la lealtad al presidente López Obrador debe ser norma cotidiana para garantizar la unidad de propósitos de la 4T. ¿Pleito en las alturas? ¿Quién será el siguiente secretario en dejar el gabinete obradorista?

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