Preguntas sin responder
n lector pregunta qué tienen que ver las notarías públicas con el derecho a una muerte digna, por qué y quiénes diseñaron ese esquema, por qué urge homologar la Ley de Voluntad Anticipada y el costo del Documento en todo el país cuando las economías de los estados son diferentes, y si no sería más democrático prestar ese servicio a la ciudadanía de manera gratuita.
Entre las paradojas de la posmodernidad está la acentuada preocupación de los países más desarrollados a morir con dignidad y la consiguiente agilización de trámi-tes para conseguirlo, en tanto que las naciones de menor desarrollo siguen preocupadas por sobrevivir en la penosa subsistencia del día a día, no sólo en el filo de la navaja de un frágil estado de derecho, sino a merced de navajas y armas de la delincuencia organizada, más pode-rosa que los supuestos afanes por combatirla, tan ineficaces como sos-pechosos de añejas complicidades.
Alguien decidió darle al notariado nacional una entradita extra con el pretexto de protocolizar el Documento de Voluntad Anticipada (DVA) en vez de aprovechar una base de datos nacional que agilice trámites y reduzca al mínimo los costos de un derecho tan inalienable como postergado en las sociedades vaticanizadas, habida cuenta que sucesivos gobiernos han dado la espalda a la necesidad, más que exigencia, de la aturdida población a tener una muerte digna.
Publicada la Ley de Voluntad Anticipada el 7 de enero de 2008 y su reglamento en abril siguiente, en mayo de ese año el Colegio de Notarios del Distrito Federal celebró un convenio con la Secretaría de Salud para brindar, a un costo razonable para ello, atención en la tramitación del desconocido documento.En otros 13 estados cada notaría cobra lo que se le antoja, y en 11 largos años esta ley tampoco ha modificado realidades.
Entre la escasa información, burocracias, conservadurismo, desembolsos, prejuicios, defensores del falso respeto a la vida y políticos mediocres, hasta ahora de muy poco han servido la ley, el reglamento y el documento para dignificar la muerte en México. ¿Cuántos mexicanos han registrado su DVA ante notario? ¿Cuántos desearían tenerlo y no lo tienen por falta de recursos? ¿A cuántos les respetan realmente su voluntad afligidos familiares y obstinados médicos? ¿La 4T realiza acciones concretas para que pronto la muerte digna sea un derecho de todos, o el nuevo gobierno conservará las piedades de siempre?
