a obsesión neoliberal fue desmantelar la capacidad y fortaleza de la infraestructura productiva del Estado, pero los tétricos resultados de 36 años de política privatizadora obligan a regresar al origen; es decir, a recuperar para la nación los sectores estratégicos que seis gobiernos entregaron al empresariado –al cupular, en realidad– que no pudo o no quiso (por no ser negocio) sacar adelante.

Total, según decían, se trataba de sectores económicos no estratégicos, y de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto todo privatizaron, todo reformaron, todo modernizaronen beneficio de la nueva oligarquía mexicana (marca Salinas de Gortari) y en detrimento de la nación; y a la vuelta de la historia inmediata el grueso de esos sectores se encuentra en deplorables condiciones, y los que no lo están es porque simplemente se entregaron al capital foráneo.

Lo anterior viene a colación, porque ayer en Camargo, Chihuahua, el presidente López Obrador anunció que sacaremos de la ruina a las plantas petroquímicas para producir fertilizantes y aumentar la producción en el campo; estamos pensando en iniciar una rehabilitación general de diversas plantas y queremos que haya trabajo aquí, que se beneficie a la gente, porque hace falta generar empleos.

Es público que los supuestos intentos por rehabilitar la producción de fertilizantes en el país sólo fueron negocios sucios por parte de la pandilla de siempre. Uno de sus integrantes, Alonso Ancira Elizondo, ahora está preso en España –por el asunto de Agro Nitrogenados– y su contlapache, Emilio Lozoya, anda a salto de mata, sin olvidar que falta por resolver el caso de Fertinal, con Favio Covarrubias como cabeza visible y el propio Lozoya.

Pero no sólo los fertilizantes, que son la punta del iceberg, pues en aras de la sacrosanta política privatizadora se cometieron todo tipo de negocios sucios, siempre en contra de los intereses de la nación, y ello aplica desde la supuesta venta de una fábrica de pantalones a la CTM hasta la reforma energética. Y en medio aparece la industria petroquímica, otrora del Estado, que pasó a manos privadas con un final desastroso. Como se ha documentado en este espacio, en 1986 Miguel de la Madrid inició la privatización de la petroquímica del Estado, y de un plumazo reclasificó (de productos básicos –exclusivos del Estado– a secundarios –capital privado–; de 70 pasó a 30 (más de la mitad del sector) restando margen de maniobra productiva, financiera y comercial a Pemex.

Carlos Salinas de Gortari (1989) de nueva cuenta reclasificó los productos petroquímicos básicos y los redujo a 19; en 1992, a sólo 9, con lo que restringió más el margen de maniobra de Pemex y la inversión pública en este sector prácticamente desapareció. Ernesto Zedillo (1996) quiso dar la puntilla a la participación pública en esta área productiva e impuso la nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que autorizó la privatización de 61 petroquímicas propiedad de la nación, con lo que desapareció la industria petroquímica paraestatal puesta en marcha, en 1960, por Adolfo López Mateos.

Pues bien, como propiedad de la nación la industria petroquímica básica registró una tasa anual promedio de crecimiento cercana a 15 por ciento (1970-1980); en su etapa de reclasificación (1986-1992) se redujo a 9 por ciento y, consolidada la privatización (1990 en adelante), retrocedió 0.6 por ciento. Y de ser un sector superavitario en su balanza comercial, ahora reporta un déficit creciente.

La estadística de la Cámara de Diputados indica que en 1993-2007 el volumen total de petroquímicos producidos en el país se redujo a una tasa media anual de 3.1 por ciento, y para contrarrestar la caída las importaciones se incrementaron 211 por ciento. A estas alturas más de 90 por ciento de esta actividad es propiedad de particulares, nacionales y extranjeros, y la producción está en el suelo.

Las rebanadas del pastel

Pero ¿qué tal las fortunas particulares, como Ancira comprenderá?

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