l director general del consorcio aeroespacial Boeing, Dennis Muilenburg, admitió ayer la existencia de un error, al no informar de la instalación de un sistema de compensación instalado en sus aviones 737 Max a las instancias reguladoras, las líneas aéreas y los pilotos. De acuerdo con los indicios disponibles, esa omisión desencadenó dos catástrofes aéreas: la del vuelo 610 de Lion Air, que el 28 de octubre pasado cayó a tierra poco después de despegar del aeropuerto de Yakarta, causando la muerte de 188 personas, y la del vuelo 302 de Ethiopian Airlines, que se estrelló el 10 de marzo pasado seis minutos después de salir de la terminal de Addis Abeba, lo que costó la vida a las 157 personas que viajaban en la aeronave.

De acuerdo con información de la propia compañía, la sustitución de los motores tradicionales de los aviones Boeing 737 por unos de mayor potencia hizo necesario agregar un sistema automático que evitaba la elevación excesiva de la proa de los aparatos e introducía en el sistema de vuelo órdenes de nariz abajo; el desconocimiento de los pilotos de la existencia de tal sistema y del procedimiento para neutralizarlo habría causado que ambas aeronaves cayeran en picada. Para colmo, el software de los simuladores de entrenamiento –fabricados por la propia Boeing– era incapaz de reproducir algunas condiciones de vuelo, según lo admitió la empresa el mes pasado.

Un factor de contexto insoslayable es que el desarrollo del 737 Max se llevó a cabo a un ritmo frenético, a fin de enfrentar el avance en el mercado del modelo A320neo del consorcio europeo Airbus, que amenazaba con arrebatar a Boeing algunos de sus clientes tradicionales, como American Airlines. A la postre, la segunda logró que su aeronave entrara en servicio en mayo de 2017, 16 meses después que el avión europeo, pero todo indica que el entorno de encarnizada competencia llevó a la empresa estadunidense a lanzar un producto que aún no cumplía con las condiciones de seguridad requeridas.

No debe dejarse de lado, por otra parte, el hecho de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus iniciales en inglés), cuyos veredictos son considerados guía fundamental por autoridades aeronáuticas de muchos países, dio su aprobación para que esa peligrosa aeronave iniciara operaciones comerciales sin una supervisión exhaustiva de sus sistemas de navegación. Aunque ahora la FAA culpa a Boeing por no haber informado a los reguladores del mal funcionamiento del sistema de seguridad incorporado de última hora al modelo, es claro que fue omisa en el desempeño de sus obligaciones. Esta cadena de irresponsabilidades desembocó, a la postre, en la muerte de 345 personas y en daños astronómicos a las finanzas de unas 60 aerolíneas –Aeroméxico, entre ellas– que tienen en sus flotas ejemplares del 737 Max, todos los cuales permanecen en tierra en tanto no se realice una corrección definitiva de la falla.

En rigor, Boeing debería responder por el homicidio doloso de centenares de personas y por las afectaciones económicas causadas a una multitud de líneas aéreas. Pero parece poco probable que la justicia estadunidense, la primera que tendría que reaccionar de oficio ante esta situación, se atreva a actuar contra uno de los principales componentes del complejo militar-industrial de su propio país.