Este 15 de junio entró en vigor la Ley General de Archivos, en un panorama de desarrollo muy desigual, aunque algunos estados se han preocupado por administrar bien sus acervos, en la mayoría priva la falta de recursos económicos, humanos y materiales.

De acuerdo con solicitudes de información enviadas por este diario a los gobiernos de todos los estados, son pocos los archivos históricos que tienen presupuesto suficiente, personal especializado y un acervo bien cuidado que no corra riesgo de desaparecer o sufrir daños.

Una de las entidades que han desarrollado personal e infraestructura básicos para gestionar la preservación de expedientes de todo tipo es Sonora, cuyo Archivo General cuenta con 27 empleados, todos han sido capacitados en materia de archivística y en 2019 ejercerá un presupuesto de 12 millones 468 mil pesos.

En el mismo rubro se podría incluir a San Luis Potosí, que asignó a su archivo 19 millones 476 mil pesos para este año, y tiene 25 personas encargadas. Además, ha reportado tener su acervo en las mejores condiciones físicas, y cuenta también con una fototeca.

En tanto, un ejemplo de la precariedad en la que subsiste la mayoría de archivos es el de la capital del país, que en 2018 tuvo un fondo de sólo 318 mil 615 pesos, a pesar de que administra 4 kilómetros lineales de documentos. Además, no ha identificado qué material está en riesgo de pérdida y tiene un solo empleado con estudios de archivística, de 41.

Un caso similar es el de Colima, donde ni siquiera tienen presupuesto anual asignado de forma específica, sino que depende de lo que le asigne la Secretaría de Cultura estatal; sólo tiene siete empleados, entre ellos un director con estudios de mercadotecnia, un analista que es trabajador social y tres auxiliares con bachillerato.

Otro acervo que trabaja con muy pocos elementos es el de Guerrero, estado donde no se ha autorizado presupuesto alguno en la materia en los últimos cinco años, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno estatal. Sus expedientes están resguardados, pero no digitalizados, y cuenta con 13 servidores públicos, ninguno con estudios especializados.