l final de su sexenio, Enrique Peña Nieto presumió inversiones multimillonarias del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y agradeció al club de ricos entre los ricos ese decidido apoyo a su gobierno, que se tradujo, según él, en 320 mil millones de dólares y la generación de un millón 400 mil empleos formales.

De Peña nieto, como de los anteriores inquilinos de Los Pinos, los integrantes del CMN obtuvieron todo (contratos, privatizaciones y concesiones a manos llenas, sin olvidar la generosa cuan creciente devolución de impuestos), gracias a sus (versión oficial) multimillonarias inversiones.

Sin embargo, el monto divulgado por Peña Nieto ni de lejos corresponde al que el propio CMN anunció en su momento (inversiones anuales anunciadas por dicho organismo). Lo anterior, porque de los 320 mil millones cacareados por el ex mandatario el club de ricos entre los ricos sólo reconoce alrededor de 180 mil millones y de cualquier suerte no hay registro válido de que, en efecto, garantice que tal monto de inversión se realizó.

Año tras año, desde hace muchos, el CMN se reúne con el Presidente en turno y, con bombo y platillo, anuncia que invertirá tanto más cuanto en un periodo determinado, como muestra de apoyo al gobierno en turno y, desde luego, por el bien del país. Y en este merengue siempre aparece Claudio X. González Laporte.

Lo anterior viene a cuento porque ahora tocó al presidente López Obrador escuchar de los ricos entre los ricos el monto que dicen estar dispuestos a invertir en este 2019: alrededor de 32 mil millones de dólares, monto que, de acuerdo con el mandatario, permitirá crecer a tasa anual de 4 por ciento, pues si hay inversión, hay empleos, bienestar, paz y tranquilidad social. Es un círculo virtuoso.

Qué bueno, porque con ese monto la economía repuntaría, el país saldría del hoyo y todos felices, pues la iniciativa privada mexicana incrementaría su inversión de 17.5 a 20 por ciento del producto interno bruto entre 2019 y 2020, sin olvidar la inversión pública.

Bien, pero el problema surge cuando se coteja lo dicho con lo hecho, y para tal efecto el Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Económico aporta sus cifras, todas ellas documentadas con base en los indicadores oficiales: la desaceleración de la inversión productiva en el país es una de las herencias que recibe la administración de López Obrador. La baja inversión pública y privada no es algo coyuntural, sino es un problema sistémico que se generó hace casi cuatro décadas y que se ha exacerbado en años recientes.

Entre 1980 y 1989 la inversión privada no creció en términos reales, fruto de la década perdida. Si bien existió una recuperación durante la década de los 90 (aumento de 10 por ciento en promedio anual), la primera década del nuevo milenio mostró que ello no era sustentable, porque fueron flujos extraordinarios generados por la privatización, la apertura económica y la adopción de un modelo de exportaciones basado fuertemente en la maquila.

Entre 2000 y 2009 el crecimiento de la inversión privada fue solamente de 2.6 por ciento como promedio anual. Si bien se recuperó entre 2010 y 2012, cuando el promedio de incremento de la inversión privada se elevó a 7 por ciento, también ocurrió al mismo tiempo que la parte pública disminuía 5.7 por ciento.

La inversión en el país –pública y privada– registró un crecimiento anual promedio de 2 por ciento en los últimos cuatro sexenios (Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto), y el de EPN fue el de peores resultados: desplome de 5.2 por ciento en inversión pública e incremento de uno por ciento si se considera la privada. La debilidad estructural es evidente: el crecimiento promedio en el pasado gobierno fue de uno por ciento, apenas una tercera parte de la reportada en 1994, cuando nuestro país ingresó al TLCAN.

Entonces, ¿dónde quedó la catarata de dinero que, año tras año, invertiría el club de ricos entre los ricos?

Las rebanadas del pastel

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