Desalojos en la CDMX
a discriminación a los pueblos indígenas, la criminalización y la violación a sus derechos humanos, entre ellos el de la vivienda, se viven cotidianamente en una Ciudad de México en la que crecen los proyectos inmobiliarios destinados a los sectores pudientes, y se deja literalmente en la calle a los más desprotegidos.
Oleadas de mazahuas, nahuas, otomíes y triquis, entre otros pueblos indios, arribaron al entonces Distrito Federal desde la década de los cuarentas, y a partir de los ochentas entraron de lleno a un proceso organizativo en defensa por su derecho al trabajo, la vivienda, la salud y la educación, entre otras reivindicaciones.
En este proceso, hace 20 años 80 familias de la comunidad otomí llegaron a habitar una serie de inmuebles en la capital del país, uno en concreto es la casona ubicada en la calle Roma número 18, colonia Juárez, recinto que fue la embajada de México durante el franquismo, y que luego del temblor del 19 de septiembre de 2017 presentó, de acuerdo a los peritos, un alto riesgo estructural que dejó a la comunidad damnificada y forzada a instalarse en dos campamentos, uno en Londres número 7, y otro en Roma 18.
Y de la calle fueron desalojados. El 19 de septiembre de 2018 se realizó un desalojo con 200 granaderos y más de 50 golpeadores y cargadores que irrumpieron en el campamento de Londres 7 sin presentar orden de desalojo y sin que hasta el momento, acusan los indígenas, la Inmobiliaria Eduardo SA de CV, que se ostenta como propietaria, acredite jurídicamente la propiedad.
El pasado 5 de junio, el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, anunció el desalojo del campamento de Roma 18, integrado por la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, activa integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), violando el derecho a la vivienda de los pueblos indígenas en esta ciudad, y sin ofrecer ningún programa que les otorgue un techo digno.
Prometer que no habrá violencia en el desalojo es demagogia. No se puede llegar con la fuerza pública y ofrecer un diálogo que inicia con la criminalización y el racismo. Atender las causas es lo que toca.
