Zacatecas, Zac., Este viernes concluyó el bloqueo que mantuvieron 78 días campesinos y trabajadores en la mina Peñasquito tras lograrse un acuerdo entre directivos de la trasnacional Newmont-Goldcorp con integrantes del ejido San Juan de Cedros, municipio de Mazapil, y de la Unión de Transportistas Cava en la Secretaría de Gobernación (SG), cuya titular, Olga Sánchez Cordero, fue testigo de honor.

El acuerdo principal fue que a partir del próximo lunes en la SG se instalará una mesa permanente de negociación para revisar todos los convenios que durante una década, los habitantes de Mazapil han firmado con minera Peñasquito, pero no se han cumplido cabalmente.

A cambio, ejidatarios y transportistas se comprometieron a liberar todos los accesos de la mina hoy (viernes), a efecto de que inicien de inmediato los trabajos objeto social de la misma, sin ninguna restricción y de manera indeterminada.

Alrededor de las 21 horas de ayer, los representantes de ejidatarios y transportistas regresaron de la Ciudad de México a la capital de Zacatecas y se trasladaron 305 kilómetros al noroeste del estado, hacia la mina, donde previa realización de una asamblea comunitaria de información, se levantaría el bloqueo que se inició el pasado 27 de marzo.

En esa ocasión cientos de campesinos y transportistas del ejido de San Juan de Cedros bloquearon los accesos a la veta de oro y plata más grande de México porque, tras una década de operaciones, agotó los mantos freáticos, secó un manantial y cinco pozos agrícolas.

Además, canceló contratos de traslado de agua y tierra con más de 180 afiliados a la Unión de Transportistas y Trabajadores de Mazapil, y dio esos trabajos a una compañía española, por lo que ejidatarios y transportistas demandaron una indemnización.

El acuerdo de siete cuartillas lo firmaron Bryan Berney, gerente general y vicepresidente en México de Newmont-Goldcorp, propietaria de la mina; el senador de Morena, José Narro Céspedes, en representación de los ejidatarios de Mazapil, y J. Asención Carrillo Vázquez, presidente de Cava.

De entre los 13 acuerdos específicos del convenio destaca que las partes en conflicto revisarán la posibilidad de que los habitantes de tres comunidades rurales de Mazapil: Palmas Grandes, Mesas y Charcos, sean reubicados, para evitar que sigan expuestos a riesgos ambientales e industriales por la operación de la mina.

En la reunión se supo que entre los ejidatarios de San Juan de Cedros y minera Peñasquito existe un litigio vigente en tribunales agrarios del país, relativo a los contratos de ocupación temporal (COT), por la inconformidad de los habitantes de Mazapil con la trasnacional, por lo que exigieron revisarlos y una posible indemnización.

En la mesa de negociaciones del lunes se podrá comentar el tema de los COT, con la consideración de que se están revisando en tribunales. Esos contratos son válidos y vigentes, por lo que no serán renegociados, y continuará este proceso en los tribunales.

Respecto del agotamiento del manantial de San Juan de Cedros, conocido como El Socavón, pactaron delinear y aprobar el plan de agua, e indemnización correspondiente, por 7 años, por su uso humano, agrícola, pecuario, piscícola, forestal y recreativo, así como por el periodo no determinado de la afectación en un futuro.

Los representantes de Newmont-Goldcorp incluyeron revisar el plan de agua propuesto por la compañía para garantizar el acceso al recurso en San Juan de Cedros.

Respecto de los más de 180 transportistas que se quedaron sin trabajo con Peñasquito se acordó revisar un nuevo contrato de acarreo de materiales con la empresa Construcciones Industriales y Transportistas Cava.

Asimismo se logró incluir el trabajo de acarreo de materiales que otorgó la minera a la empresa española Epsa, sobre el material que nuestros camiones podían mover y que se cuantifique por un perito, en términos de afectación por el desplazamiento, y se negocie el monto a pagar, durante todo el tiempo que lo realizó Epsa.

También revisarán la afectación a los transportistas de Cava, la mayoría originarios de Mazapil, por el desplazamiento del que fueron objeto por minera Peñasquito, para el acarreo de agua en pipas, a través de las compañías ROD y Care. También discutirán la posible reinstalación de trabajadores despedidos por participar en las protestas o ser familiares de manifestantes, sin represalias y en los mismos espacios.

Finalmente plantearon una auditoría ambiental a Peñasquito, por el impacto en agua, salud, flora, fauna, agricultura y ganadería, así como una auditoría administrativa, consistente en revisar permisos de cambio de uso de suelo y concesiones de agua que posee la filial de Newmont-Goldcorp. Con información de Carolina Gómez, reportera.