Al enviar a 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener los flujos migratorios, el gobierno mexicano da prioridad a una política migratoria basada en la seguridad, y no a una apegada a la dignidad de las personas, señaló el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un pronunciamiento, esa instancia conformada por diez expertos nombrados por el Senado y que es presidida por el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, manifestó su preocupación por las labores de contención de migrantes que realizará esa corporación en el sureste del país y llamó al gobierno federal a basar la estrategia en la materia en principios de igualdad y no discriminación. Una de sus principales inquietudes es que tras los acuerdos alcanzados por el gobierno de Estados Unidos la semana pasada –y con ello evitar el cobro de aranceles a productos mexicanos como lo había amenazado el presidente Donald Trump–, la administración de Andrés Manuel López Obrador intente reforzar los puntos de internamiento y controles de verificación migratoria en diversas localidades de los estados del sureste mexicano con la Guardia Nacional, pero se ha demostrado que no existe aún una claridad en los objetivos, límites a su intervención y protocolos de actuación.