n el arranque del sexenio peñanietista, y mientras la nueva cúpula burocrática aprendía cómo se manejaba la tienda, el sector privado nacional no se cansó de lanzar ajos y cebollas al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, porque cuando menos en el primer año de gobierno mantuvo bajo 50 candados el gasto público, con lo que el subejercicio presupuestal creció a paso veloz y el retraso en el pago a proveedores causó estragos, sobre todo en el marco de una economía en plena desaceleración.

Pues bien, parece que el numerito se repite en estos tiempos de la 4-T, y más allá de la curva de aprendizaje, la austeridad republicana y la pobreza franciscana (AMLO dixit), lo único que se sabe es que el gasto público no fluye con la rapidez necesaria y los proveedores comienzan a sentir que la catrina ronda sus territorios.

En junio de 2013, el Consejo Coordinador Empresarial reclamaba que “la actual administración gubernamental ha persistido en la lentitud de ejercer el gasto, pese a que prácticamente todas las expectativas de crecimiento económico se deterioraron con rapidez después de que el Inegi informó que durante el primer trimestre del año la economía creció sólo 0.8 por ciento… Estaríamos perdiendo la oportunidad de acelerar el cambio que requiere el país para crecer a tasas elevadas y mejorar el bienestar de la población”.

Más aún, la cúpula empresarial se quejaba amargamente de que el gobierno no sólo no ha ejercido el gasto al mismo ritmo en los primeros cuatro meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2012, sino que el monto ejercido fue inferior al que se tenía programado. El gasto público sigue detenido sin razón aparente, con todo y que los ingresos totales del sector público crecieron a un ritmo anual de 0.3 por ciento real en los primeros cuatro meses del año.

Eso fue en 2013, pero en 2019 la situación no es muy diferente. La Jornada (Alejandro Alegría) lo informa así: la falta de proveeduría al gobierno federal y la situación económica que atraviesa el país ha provocado que algunos sectores de la industria comiencen a realizar paros técnicos y adelanten vacaciones a sus trabajadores con el fin de evitar el cierre de empresas, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de fomento industrial del organismo, dijo que hasta abril pasado el gobierno federal erogó mil 200 millones de dólares (incluye facturaciones en pesos) para saldar parte de las cuentas que tenía con proveedores desde julio del año pasado y algunas recientes.

Tal erogación fue un alivio para muchas empresas, pues algunas de tamaño mediano comenzaban a caer en mora por los intereses de sus deudas. Sin embargo, desde que se inició el gobierno de López Obrador no hay proveeduría nueva, a lo que se suma la desaceleración de la economía. Por ello, algunas empresas de diversos sectores se han visto obligadas a adelantar vacaciones a sus trabajadores o hacer paros técnicos, es decir, no trabajan todas las horas que deben o dejan de acudir un día a la semana. Las empresas más afectadas son las que se dirigen al mercado interno.

El dirigente de Canacintra reconoció que, como medida extrema, antes del cierre, algunas industrias considerarían prescindir de personal, porque la actividad del gobierno va muy lenta y eso afecta a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas. Si bien no se tiene una cifra de las industrias que ya están recurriendo a este tipo de medidas, basta con revisar que el desempleo se ha incrementado.

Entonces, suelten el recurso para evitar lo sucedido en 2013 y años posteriores. El gobierno federal debe usar la chequera y ejercer el gasto público. Está en juego la sobrevivencia de muchas empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, que son mayoría.

Las rebanadas del pastel

A tal grado llega el mal ambiente, que en algunas dependencias gubernamentales ni siquiera contestan el teléfono a los proveedores o, de plano, cierran las puertas, y esa actitud en nada ayuda.

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