El retraso en el ejercicio del gasto público afecta principalmente a los ciudadanos en áreas sensibles como la seguridad pública, salud y otros servicios que otorga el Estado. En lo que va del año se han ejercido cuatro de cada 10 pesos comprometidos debido a una caída en la recaudación, agravada, en parte, por el despido de 196 mil trabajadores que ahora ya no pagan impuestos ni consumen, lo que ha ocasionado que las empresas tengan ya excesos de inventarios, de acuerdo con información oficial y la opinión de analistas financieros.

De un billón 800 mil millones de pesos programados como gasto público federal para el primer semestre del año, sólo se han ejercido 700 mil millones de pesos al cierre de junio de 2019, equivalente a 39 por ciento de lo programado, lo que implica que sólo se han gastado cuatro de cada 10 pesos autorizados, precisó Ignacio Martínez Cortés, Coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, están detenidas las contrataciones en el gobierno y a los proveedores no se les está pagando, por lo que son ellos quienes están subsidiando al sector público y esto impacta directamente las finanzas de las empresas.

El gasto del gobierno tiene un peso en el producto interno bruto (PIB) de 37 por ciento, por lo que el hecho de que sólo haya sido ejercido parcialmente se refleja en una caída del mercado interno. Y lo paradójico es que los ciudadanos no dejan de pagar impuestos anuales, trimestrales y mensuales, pero esto no se refleja a su vez en mejores servicios y no deja de disminuir un flagelo que es la inseguridad.

Por su parte, Federico Rubli Kaiser, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Puntualizó: Esto podría ser catastrófico en un entorno de desaceleración económica. Consideró que la austeridad en la administración pública no conducirá a una recesión, pero sí agudiza la falta de dinamismo económico que se vive desde finales de 2018.

Los indicadores oficiales dan cuenta de la difícil situación por la que pasa la economía mexicana: la inversión fija bruta registró una disminución, en términos reales, de 3 por ciento durante marzo; la pérdida de confianza del consumidor en mayo fue de 1.1 puntos; el descenso de los pedidos manufactureros fue de 0.82 puntos; el decremento del Indicador de Confianza Empresarial (ICE), de las manufacturas, fue 0.1 puntos; el ICE del comercio disminuyó 1.6 puntos y el de la construcción 0.1 puntos en mayo de 2019 respecto a un mes antes; el desempleo aumentó de 3.4 a 3.5 por ciento en el primer trimestre; el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos en marzo presentó una variación mensual de -0.1 por ciento, y el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior disminuyó 1.5 por ciento durante marzo, entre otros.

Ignacio Martínez detalló que los 700 mil millones de pesos se han ejercido principalmente en gasto corriente, es decir, sueldos, mantenimiento de edificios y la operación de algunos programas. Entonces el principal rubro donde el gasto público del gobierno reflejaría la otra parte del PIB es la inversión, pero, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía está detenido por orden judicial, y en los dos trenes (Maya y del Istmo) y la refinería (Dos Bocas, en Tabasco) aún no se ejerce el gasto a raíz de que apenas se está construyendo el proyecto arquitectónico, pero la infraestructura de estas tres obras todavía no se inicia.

A su vez, Rubli Kaiser, también socio asesor de la consultoría MAAT, aseguró que el subejercicio del gasto ha sido particularmente severo y está contribuyendo a la desaceleración económica que viene con una inercia a la baja y con esta situación se agrava.

Lo vemos en todos los servicios que ofrece el gobierno federal, están siendo afectados en su eficiencia para el ciudadano y crea una actitud desfavorable hacia el gobierno, destacó.