El gobierno federal tiene las atribuciones que le otorgan las leyes de Presupuesto y Coordinación Fiscal para reasignar recursos a los programas y proyectos que considere necesario atender, como el caso del Fideicomiso Yucatán que atenderá los requerimientos de los migrantes que se encuentren en territorio nacional, aseguró el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar.

En tanto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) confrontó a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y al del Trabajo (PT) en el seno de la comisión legislativa. Mientras el tricolor Ismael Hernández Deras dijo que el documento es un programa político-electoral; Reginaldo Sandoval, a nombre del petismo, sostuvo que el neoliberalismo no ha resuelto los problemas del país.

En torno al uso de los recursos públicos, Ramírez Cuéllar se refirió a la bolsa de dinero que será utilizada por el gobierno federal con objeto de responder a las exigencias del gobierno de Estados Unidos, y ser consecuente con la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Se tiene la posibilidad de usar poco más de mil 500 millones de pesos. Estamos hablando de un fideicomiso que es de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que busca atender el problema de todos los países de América Central.

–¿Cuál es el porcentaje que tiene el Ejecutivo para reasignar? –se le preguntó.

–Ya hemos hecho un proceso de reasignaciones. Creo que en los siguientes días el Ejecutivo nos presentará exclusivamente la parte que tiene que ver con el programa de migrantes. Lo tiene que anunciar la próxima semana, pero tienen la libertad y facultad de hacer las reasignaciones.

En la Comisión de Presupuesto, el petista Sandoval consideró errado juzgar el PND con los criterios tradicionales de una visión única autoimpuesta, ya que ésta ha mostrado no tener respuestas al desarrollo del país. Es por eso que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador propone que el gobierno federal recupere su figura como promotor, impulsor y gestor del desarrollo, restableciendo el estado de derecho consagrado en nuestra Constitución, sobre la base de nuestra soberanía popular.