quis Justicia para las Mujeres recientemente presentó el informe (IN) Justicia Abierta, ranking de opacidad judicial en México, que evidencia la dificultad a la que se enfrentan las personas para tener un real acceso a la justicia.

El informe destaca que únicamente se denuncia un delito de cada 10 y que en tratándose de los perpetrados en contra de mujeres, únicamente llegan al conocimiento del Ministerio Público ocho de cada 100. Estos datos son alarmantes, pues muestran la desconfianza de las personas en las instancias de justicia.

Los motivos que se aducen, como clara muestra de escepticismo, tienen que ver con la falta de transparencia que genera opacidad en los poderes judiciales de los estados.

El estudio subraya las bondades de la transparencia y la rendición de cuentas como motor de participación ciudadana, y como símbolo de credibilidad en el sistema mexicano de justicia. En esa lógica, se asume que para que la información sea útil debe ser clara y accesible.

No obstante, los poderes judiciales locales fueron reprobados en transparencia por diversas razones, una de ellas porque las sentencias no se publican, lo que impide que sean monitoreadas y evaluadas fuera de los órganos jurisdiccionales que las emiten.

El informe da cuenta de una serie de hallazgos, que van desde aspectos tan elementales como desconocer el número total de sentencias pronunciadas hasta la falta de publicación o de difusión de las resoluciones.

El Poder Judicial de Durango es el único que publica todas sus sentencias, mientras que Baja California, Baja California Sur y Zacatecas no divulgan ninguna. Esta situación asimétrica afecta el derecho de acceso a la información y aleja a las personas del conocimiento de sus derechos.

En cuanto a la difusión, el informe es enfático en que la publicación de las sentencias no es suficiente, si consideramos que en nuestro país únicamente seis de cada 10 personas disponen de conectividad por medio de Internet, por lo que es necesario contar con otros canales de comunicación que permitan conocer el trabajo de los poderes judiciales, pues 96.9 por ciento no cumplen con esta tarea. Coahuila es el único estado que difunde sus sentencias por medio de un programa de radio.

Otro aspecto relevante tiene que ver con el derecho a la información pública en condiciones de igualdad, para lo que es menester generar diversidad en la accesibilidad que permita que las personas con discapacidad conozcan y entiendan las decisiones jurisdiccionales. Los poderes judiciales de Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Nayarit e Hidalgo están realizando algunas acciones como videos, cápsulas o resúmenes con lenguaje sencillo.

Estos y otros aspectos, que pueden ser consultados en el informe, permiten concluir que existe una falla institucional grave porque los poderes judiciales no conocen o no cumplen con sus obligaciones derivadas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en consecuencia, no garantizan el derecho a la información ni mucho menos el derecho a la justicia.

Pero ¿qué sucede en el Poder Judicial de la Federación respecto a transparencia y rendición de cuentas?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de justicia abierta, cuenta con diversos medios para difundir su trabajo jurisdiccional, como las sesiones del pleno en vivo y el portal de sentencias. También realiza esta tarea mediante el Canal Judicial, del programa La Corte en la Radio, la revista Compromiso, así como la difusión por medio de boletines electrónicos, podcasts, sinopsis de asuntos destacados y sentencias en formato de lectura fácil que de tiempo atrás se estilan y que, incluso, recientemente se aprobó el Acuerdo General 1/2019 de la Segunta Sala que fija las bases al efecto.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal, para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, incluyendo la transparencia proactiva, pone a disposición de la ciudadanía la consulta de las versiones públicas de todas las sentencias a escala nacional, por órgano jurisdiccional; de igual forma las sentencias y criterios relevantes por circuito e incluso es posible acceder a la biblioteca virtual de las sesiones públicas de los tribunales colegiados de circuito.

Además, esta información se difunde por medio de cápsulas informativas, programas de radio y televisión, entrevistas por estos medios de comunicación y en la revista Igualdad. Asimismo existe una sala de prensa que informa con comunicados breves que destacan de manera puntual los antecedentes y los principales argumentos de las resoluciones y decisiones de interés.

El Poder Judicial de la Federación cumple con sus obligaciones de transparencia con el propósito de garantizar el derecho a la información y consecuentemente el derecho a la justicia.

Sin duda es posible mejorar para garantizar el acceso a la información; por ejemplo, la creación de mecanismos de participación ciudadana, la conformación de criterios de inclusión y accesibilidad más allá de los formatos de lectura accesible y sencilla, ajustes razonables dependiendo de las diversas discapacidades, versiones apropiadas y en distintos idiomas para que todas las personas puedan conocer las decisiones de los órganos jurisdiccionales federales. Bajo la premisa de divulgar información puntual, clara y accesible que garantice la comprensión de los contenidos y decisiones.

Como concluye el informe, el acceso a la información es mucho más que el acceso a las sentencias: es generar empoderamiento legal.

Aquí reside la tarea y el compromiso de las personas que juzgamos en aras de generar confianza y acercar la justicia a la ciudadanía, de proporcionar un servicio público de calidad y especialmente de dignificar nuestra función.

*Académica universitaria y magistrada federal