Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció anoche que no se presentará al juzgado de control con sede en el Reclusorio Norte, donde se radicó la investigación en su contra por el presunto delito de operaciones con recursos de origen ilícito.

Este martes vence el plazo que tiene para ponerse a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra. En una carta difundida en redes sociales, el ex funcionario aseguró estar dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados durante su gestión al frente de la paraestatal.

Dijo que puede aclarar qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga con las consecuencias que haya para cualquier persona.

Sin embargo, señaló, ahora no existen condiciones ni garantías legales para acudir ante el juez, ya que es claro que si lo hace lo van a vincular a proceso, y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se le imputa no lo amerita.

Lozoya Austin es investigado por la compra que realizó a un sobreprecio de la planta Agronitrogenados y desde el pasado 29 de mayo es buscado en más de 190 países por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), quien emitió una ficha roja para su captura a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se le acusa de los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita y provocar graves daños patrimoniales a Pemex por dicha la adquisición, en la que se vio beneficiado Alonso Ancira, socio mayoritario de Altos Hornos de México.

▲ Me vincularían a proceso y prisión preventiva sin que el supuesto delito lo amerite, dice.Foto Roberto García Ortiz

En su carta, sostuvo que nunca se sustrajo de la acción de la justicia y en consecuencia tiene todo el derecho a cuidar su libertad, ya que todas estas acciones son definitivamente una persecución política en mi contra, dijo en relación a las actuaciones judiciales que en días pasados han tenido lugar. Además de la orden de aprehensión, las de cateo en su domicilio y el de sus padres, así como lo que llamó persecución mediática que ha vivido desde 2017.

Respecto del bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias, las de su esposa y su madre, dijo que también ha sido una medida arbitraria e ilegal de la Unidad de Inteligencia Financiera. En la misma situación están las cuentas de sus empresas, lo que daña a empleados y sus familias.

Agregó que en días recientes se ha divulgado una serie de infundadas acusaciones en su contra y de su familia, sin ningún respaldo legal. Mencionó el caso de “la compra de un inmueble ubicado en el puerto Ixtapa Zihuatanejo, y supuestos viajes realizados en aviones y helicópteros oficiales; no obstante que el órgano de gobierno encargado de investigar no encontró responsabilidad alguna.

“He instruido a mis representantes legales para que expliquen a la opinión pública cuál fue mi desempeño, en qué condiciones recibí el encargo de director general de Pemex y cómo lo entregué, para que la opinión pública tenga pleno conocimiento de cuál fue el resultado de mi encargo.