La Fiscalía General de la República (FGR) intenta fabricar el caso en contra de los defensores de los derechos de los migrantes Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica –acusados por la dependencia federal de presunto tráfico de personas– con el objetivo de satisfacer los caprichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo señalaron activistas y abogados ayer durante una manifestación frente a Palacio Nacional, donde exigieron la intervención del gobierno federal para la liberación inmediata de ambos defensores, que fueron aprehendidos por separado el miércoles de la semana pasada, acusados de tráfico de personas.

En Tapachula, Chiapas, activistas y defensores de derechos de los migrantes, entre ellos el sacerdote Heyman Vázquez Medina, exigieron que se respeten las garantías de Mujica, director de la organización Pueblos sin Fronteras y de Sánchez, integrante de la agrupación Cultura Migrante, quienes, aseguraron, fueron detenidos injustamente.

En esa ciudad está el penal donde se encuentran presos los activistas y este martes a las 8 y 14 horas, respectivamente, se realizará la audiencia ante el juez de la causa para que determine si los vincula a proceso.

Esperamos que los procedimientos legales se realicen conforme a la norma, porque parece que el mandato es acabar con ellos, dar una lección y criminalizar a los que dan ayuda humanitaria a los migrantes, dijo Gina Garibo, integrante de Pueblos sin Fronteras, en conferencia realizada en Tapachula.

Manifestó que la detención de los dos activistas forma parte de una campaña de criminalización y agregó que Irineo tiene el valor de alzar la voz cuando se violan los derechos humanos de los migrantes.

Acusó que la campaña no es sólo en contra de Irineo y Cristóbal sino global, pues hace unos meses se filtró una lista con los nombres de defensores de derechos humanos, acompañantes, periodistas y abogados que han ayudado a migrantes.

En la Ciudad de México, Eduardo Galván Pérez, abogado de Sánchez, aseveró que toda la acusación está puesta, está armada por el Ministerio Público federal.

El litigante explicó que en el caso de su cliente, supuestos migrantes denunciaron que les habría cobrado 8 mil dólares por introducir de Centroamérica a territorio mexicano a cuatro personas. Sin embargo, acotó, en la fecha en que habrían sucedido los hechos, 29 de marzo de este año, Sánchez se encontraba en la Ciudad de México.