Managua. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó ayer una ley de amnistía que favorece a los presos opositores y cierra la posibilidad de castigar los crímenes atribuidos a policías y paramilitares pro gubernamentales durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega, iniciadas en abril de 2018.

El proyecto fue aprobado con 70 votos a favor, todos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y 15 en contra, de los opositores Partido Liberal Constitucionalista y Partido Conservador, de los 91 diputados que integran el parlamento unicameral. El anteproyecto lo presentó antier, con carácter de urgencia, la bancada sandinista tras un debate con 14 legisladores opositores.

Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional, a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, reza el artículo inicial de la normativa avalada.

Al rechazar las críticas de la oposición contra la iniciativa, Edwin Castro, coordinador de la bancada del FSLN, expresó: Estamos ante un acto soberano que busca la paz, la reconciliación, que busca el perdón con justicia, con reparación, con no repetición.

María Haydée Ozuna, legisladora liberal, afirmó que esta decisión pretende dejar libres a los verdaderos culpables de los crímenes. La organización Unidad Nacional Azul y Blanco, que reúne a más 70 grupos opositores, consideró que la amnistía pretende proteger los crímenes que ha cometido [el gobierno] a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares.

La propuesta está sustentada en el precedente de 14 leyes de amnistía aprobadas en administraciones anteriores, y en la voluntad del Estado de buscar estabilidad, la reconciliación de la sociedad, asegurar la paz y el mejoramiento de las condiciones económicas de los nicaragüenses.

Según el texto, la amnistía abarca incluso a quienes aún son investigados o cumplen sentencias, por lo que las autoridades deberán cerrar los procesos administrativos y penales iniciados. Cuando la normativa entre en vigor, los reos serán liberados inmediatamente y cancelarán los antecedentes penales de todos los beneficiados.

Además, cierra la posibilidad de investigar y castigar a los elementos de seguridad y paramilitares pro gubernamentales que reprimieron las protestas contra Ortega, cuyo inicio fue por la aprobación de una cuestionada reforma al seguro social, lo que se transformó en una demanda de salida del mandatario, quien está en el poder desde 2007.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la acción de la policía y paramilitares contra manifestantes civiles dejó 325 muertos, más de 2 mil heridos, 770 detenidos y unos 60 mil exiliados.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tuiteó que el gobierno de Ortega tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas. Recordó que las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional.