El juzgado 13 de distrito, con sede en estado de México, emitió una resolución en la que determina que las obras de construcción del Aeropuerto General Felipe Ángeles (Santa Lucía), no podrán iniciar hasta que las autoridades obtengan los permisos que demuestren que este desarrollo no provocará daños al medio ambiente y garanticen la conservación de los vestigios arqueológicos e históricos de la zona.

Organizaciones civiles y habitantes del municipio de Zumpango que se oponen a la construcción de la aeroterminal en Santa Lucía obtuvieron de la instancia federal la protección de la justicia.

Esta resolución puede ser apelada por las autoridades para que el caso sea analizado por un tribunal y revertir la sentencia dictada ayer, de acuerdo con la información proporcionada por el abogado Gerardo Carrasco Chávez, integrante de una organización civil que apoya a los habitantes de Zumpango, donde se asientan los terrenos de la terminal.

En su recurso de amparo los demandantes solicitaron a las autoridades que la terminal aérea no se construya hasta que las instituciones federales demuestren que cuentan con todos los permisos y autorizaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Este es el segundo caso en que un juez federal otorga una medida que suspende el inicio de la construcción que se desarrollará fundamentalmente en los terrenos de la Base Aérea Militar Santa Lucía.

Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró la resolución judicial e insistió en que la medida cautelar concedida busca proteger el medio ambiente y los bienes que sean considerados patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico en la zona.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no confirmó ni desmintió la información, mientras que el organismo empresarial indicó que la suspensión definitiva concedida por el Poder Judicial de la Federación favorece a los habitantes del municipio mexiquense de Zumpango.

En el Poder Judicial se han presentado 147 juicios de amparo individuales con el fin de que se revise la legalidad de la cancelación del NAIM, pero también se asegure que el proyecto de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos ambientales y culturales que requiere la megaobra.