Académicos, expertos en migración y organizaciones de la sociedad civil consideraron que militarizar la frontera sur, a través de la Guardia Nacional (GN), no garantiza la contención y disminución de la migración, y por el contrario posibilita que se violen los derechos humanos y separar familias.

Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana, y Elisa Ortega Velázquez, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicaron que una gestión de la migración con un enfoque de seguridad militarizada en la frontera sur del país no garantiza que los flujos disminuyan. Ante el contexto que enfrenta la zona, las personas seguirán saliendo de sus países porque no tienen otra opción.

Zaragoza sostuvo que las consecuencias de una política migratoria restrictiva son la invisibilización y vulnerabilidad de las personas en tránsito.

Ortega Velázquez señaló que hay una clara táctica del gobierno mexicano en las negociaciones que tuvo con Estados Unidos, ya que a un par de horas de tener lugar esta reunión se detuvo una caravana migrante.

Ana Saiz Valenzuela, directora de la organización no gubernamental Sin Fronteras IAP, opinó que no es con la fuerza con lo que se detendrán los flujos de movilidad humana en la región. En entrevista, advirtió que mientras más rígida sea una política migratoria, hay más riesgo de separación de familias y violación a los derechos humanos.

En el contexto de las negociaciones que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó en Washington DC en busca de impedir que el gobierno del presidente Donald Trump impusiera aranceles a México (lo cual se logró ayer en la tarde-noche), la delegación mexicana expuso a sus contrapartes que la GN tendrá como prioridad el sureste del país, donde se contará con la presencia de 6 mil elementos.

Para Saiz Valenzuela ello reafirma que las prácticas de este gobierno no han cambiado en nada de las prácticas del gobierno anterior, ni la detención de los operativos de deportación, ni mucho menos.

Abdel Camargo, miembro del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, alertó que la militarización de los operativos contra los trabajadores internacionales sin documentos equivale a que México acepta ser la frontera de Estados Unidos en sí mismo, para complacer a la administración de Trump.

Ya estaba más o menos señalado que el gobierno de México se iba a dirigir a esa ruta (de enviar a la GN a la frontera con Guatemala), independientemente del tema de los aranceles, pero ahora eso se potencializa. En la coyuntura actual, es un mensaje que da frente a los caprichos del gobierno estadunidense, aunque ya fuera una ruta trazada desde antes, consideró.

La agrupación Seguridad Sin Guerra sostuvo que el envío de efectivos de la GN a la frontera sur subordina a México a Estados Unidos.

El anuncio de la cancillería (de enviar a la GN a la frontera sur) parece una forma de profundizar la subordinación de las instituciones mexicanas a la agenda estadunidense, dice una declaración conjunta de la red que integran más de 300 organizaciones y expertos.

En la declaración se establece que la medida se enmarca en la intención de que México se convierta en tercer país seguro.