Ginebra. Cerca de 4 millones de personas huyeron de la crisis en Venezuela desde finales de 2015, entre ellos un millón desde noviembre de 2018, reportó ayer la Organización de Naciones Unidas, al tiempo que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que Estados Unidos intensificará las sanciones contra la industria petrolera venezolana hasta que la democracia sea restaurada.

La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones indicaron en un comunicado conjunto que en los siete meses transcurridos desde noviembre, el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón.

Precisaron que Colombia tiene a 1.3 millones, Perú 768 mil, Chile 288 mil, Ecuador 263 mil, Brasil 168 mil y Argentina 130 mil. México, y países de Centroamérica y el Caribe también han recibido a refugiados y migrantes venezolanos.

Por separado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia indicó que unos 3 millones de niños venezolanos necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades de nutrición, salud y educación.

Mientras, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificó de fracaso la política intervencionista de Estados Unidos en el país sudamericano, luego de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, reconoció dificultades a la hora de unificar a la oposición.

Horas antes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, tuiteó que Estados Unidos intensificará las sanciones contra la estatal PDVSA hasta que la democracia sea restaurada. El senador Marco Rubio solicitó al fiscal general, William Barr, crear una unidad especial para indagar y procesar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por la crisis en esa nación.

Washington aprobó en estos años una serie de medidas contra la cúpula venezolana por violaciones de los derechos humanos, narcotráfico y corrupción, además aplicó sanciones a la industria petrolera. Esto ha afectado la economía y el ingreso de productos a esa nación.

En este contexto, el gobierno estadunidense reconoció la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela extender la validez de los pasaportes durante cinco años pasada su fecha de expiración.

En otro orden, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó ante la Fiscalía General de México una denuncia por lavado de dinero contra un total de 25 empresas e individuos involucrados en el envío de alimentos a un programa de ayuda gubernamental a Venezuela, reportó Bloomberg.