Los mil 188 permisos para generadores privados otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que obligó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a crear una filial para hacer el trabajo operativo y administrativo a quienes son sus competidores dentro del mercado eléctrico, ocasionarán pérdidas a la empresa productiva del Estado hasta de 160 mil millones de pesos durante su vigencia, es decir, hasta 2039. Sólo en 2018 ocasionaron un daño por 7 mil 820 millones.

Por ello el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, ha reiterado que la compañía revisará los contratos.

Bajo ese esquema están operando 303 centrales, a las que se ha autorizado autoabastecerse y despachan energía mediante contratos a 70 mil 318 socios.

Sin embargo, se detectaron sociedades con un mínimo de capital –equivalente a un dólar– que usan (generadores y socios) la infraestructura de transmisión y distribución de la CFE.

Entre los resultados adversos de dicha reforma para la CFE en materia de electricidad se identificó que al vencimiento de dichos contratos podrán instalarse en el mercado después de haber sido subsidiadas prácticamente por la comisión.

Un ejemplo de empresa autoabastecedora sin consumo propio, con capacidad superior a 200 megavatios, tiene más de 7 mil socios, de los cuales 80 por ciento son oficinas y comercios de grandes corporativos.

En ese esquema de exenciones participa otra empresa con 14 centrales eléctricas, con más de mil 700 megavatios de potencia que tiene mil 316 socios y da servicio a grandes consumidores industriales que pagan precios muy bajos de transmisión en todo el país.

Así, de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033, como consecuencia el universo de permisos creó un desorden y desequilibrio sistémico para la planeación del sistema eléctrico nacional, se desvinculó la demanda de la generación más cercana y eficiente y se subordinó la construcción de infraestructura de transmisión y distribución.

En lo que se refiere a productores externos de energía, introdujo a empresas privadas bajo el esquema de producción independiente para su venta exclusiva a la CFE.

La empresa productiva del Estado ha comprado electricidad desde 2000 y para ello ha facilitado la adquisición de terrenos, construcción de centrales, interconexión a la red eléctrica, suministro y transporte de combustible, así como estudios técnicos de factibilidad, permisos y licencias, por lo que se convierten en proveedoras y son soportadas por la CFE.

Lo paradójico es que los productores externos de energía (PEE), que comenzaron su instalación en 1996, irán cumpliendo sus finiquitos de contrato pero no pasarán a ser propiedad de la CFE.

La reforma energética de 2013 estableció que dichos acuerdos deben respetarse y constituirse en contratos legados.

Actualmente existen 31 centrales, con capacidad de generación de 14 mil 104 megavatios, que tienen asegurada la venta de electricidad a la CFE por 25 años.

La CFE dejó de construir centrales. Además, ante cualquier evento fortuito o de fuerza mayor que impida a una de esas plantas de PEE generar electricidad, se puede excusar y seguir cobrando cargos fijos.