El Congreso de la Ciudad de México dejó pendientes de dictaminar dos iniciativas de reforma al Código Penal que incrementa las sanciones aplicables al delito de despojo, así como a los actos fraudulentos a cargo de funcionarios para despojar de sus viviendas a sus ocupantes o legítimos poseedores.

A partir de información publicada por este diario sobre un registro de 18 mil 936 denuncias por despojo ante la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) de 2011 a 2016, así como datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reportó 3 mil 330 casos de enero a noviembre de 2018, el diputado de Morena José Luis Rodríguez propuso elevar la pena mínima de tres meses a un año de cárcel y de cinco a ocho años a quien o quienes ocupen un inmueble ajeno mediante violencia física o moral, con engaños o de manera furtiva.

La propuesta plantea elevar también la sanción prevista para las personas que se dedican a promover el despojo de inmuebles urbanos de manera reiterada, hasta una máxima de 10 años de prisión.

En el primer caso propone elevar la sanción pecunaria máxima de 500 a 5 mil veces la unidad de medida y actualización (UMA), cuyo valor actual es de 84.49 pesos, y en el segundo caso, de mil a 10 mil veces la UMA.

Protesta en el Zócalo

La otra iniciativa, también de Morena, incrementa de seis a 12 años de cárcel la pena por el delito de fraude procesal a los servidores públicos involucrados en simulación de actos jurídicos o alteración de pruebas para obtener resoluciones o sentencias que permitan desapoderar de un inmueble a sus poseedores.

Por otra parte, integrantes de la Red de Desalojos exigieron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, cesar los desalojos forzosos y arbitrarios y cumpla con su palabra de atender a la población vulnerable, entre los cuales estamos quienes hemos sido obligados a vivir en la calle ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.

Tras la modificación al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, que suprimió el término forzoso en los casos de desalojo, realizaron una protesta frente a la sede del gobierno para entregar una carta dirigida a la titular del Ejecutivo, y exigeron que se les apoye con una vivienda ante la estocada de los diputados de Morena al eliminar ese artículo.