La salida de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez como subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, se da en medio de una serie de investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendientes de concluir.

En noviembre de 2016, el procurador General de la República, Raúl Cervantes, designó a Muñoz Vázquez como titular de esa subprocuraduría, una de las áreas importantes dentro de la estructura de procuración de justicia.

Desde entonces y hasta el último día de mayo de este año, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales se abrieron averiguaciones previas de casos de corrupción y desvío de recursos en los que estarían involucrados ex servidores públicos.

Tal es el caso de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGICDMX/117/2017 que se inició por presuntos actos de soborno de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex, entre ellos el ex director Emilio Lozoya, pero no tuvo avances sustanciales en México porque existe un acuerdo con la procuraduría de Brasil para no ejercer ningún tipo de acción en contra de funcionarios de la empresa a cambio de que la entonces PGR recibiera información de las pesquisas.

Desde esa subprocuraduría también se integraron 23 expedientes que involucran la probable participación de 64 ex funcionarios de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el desvío de recursos por más de 800 millones de pesos durante la gestión de Rosario Robles.

Hasta el último reporte del enero sobre ese caso, la FGR había judicializado cuatro carpetas en las que seis ex funcionarios de la Sedatu fueron vinculados a proceso; no obstante, el Ministerio Público Federal no logró aportar las pruebas para vincular a proceso al ex coordinador de la Unidad de Delegaciones de Sedesol, señalado por autorizar indebidamente contratos por 124 millones de pesos; ni al ex director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, por el presunto desvío de 185 millones.

El caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también se armó desde esa subprocuraduría, y si bien fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, el caso no está del todo resuelto.

Por otra parte, se inició la carpeta FED/SEIDF/UNAI-NAY/ 0001565/2017 por posibles actos de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pero después de dos años la carpeta no se ha judicializado.