a comparecencia de la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República realizada el martes pasado, fue un acto formal organizado por la instancia legislativa para obtener información sobre el curso de las políticas en este sector, pero se convirtió por momentos en un espectáculo en el que la funcionaria lanzó acusaciones en contra de diversas organizaciones, entre ellas el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (en lo sucesivo el Foro). Lo que aparentemente disparó estos señalamientos fueron las preguntas de los senadores sobre los efectos adversos de las políticas de austeridad en los Centros Públicos de Investigación (CPIs) difundidos recientemente en los medios de comunicación, ante lo cual acusó al Foro como fuente de emisión de información distorsionada.

No sólo eso, Álvarez-Buylla acusó además al Foro de no cumplir con la ley. Aunque es evidente que la directora del Conacyt tiene una interpretación errónea del contenido de las leyes en esta materia, pues, por ejemplo, se quejó de que no se le consultara sobre el nombramiento de la nueva coordinadora general de Foro (doctora Julia Tagüeña Parga), cuando legalmente dicho nombramiento es facultad de la mesa directiva de este organismo (artículo 36 fracción V de la Ley de Ciencia y Tecnología). Lo que establece esta ley es que el Foro es un organismo autónomo, lo cual se expresa entre otras cosas en el nombramiento de su coordinador(a).

También la doctora Álvarez Buylla se equivoca al afirmar que por Ley el Foro tiene el mandato de asesorar al gobierno de México a través del Conacyt. Esto es falso, pues lo que la Ley establece es que se trata de un órgano permanente de consulta del Poder Ejecutivo (lo cual es un concepto muy amplio), del Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación (órgano máximo de decisión del Sistema en esa Ley) y de la Junta de Gobierno del Conacyt. Adicionalmente, el Foro puede realizar consultas y emitir opiniones a petición del Poder Legislativo Federal… Cuando se habla de distorsiones en la información convendría preguntarse de dónde vienen.

La doctora Álvarez-Buylla también acusó al Foro de emitir comunicados convocando a la comunidad científica sin previo acuerdo (con el Conacyt) y sin previa actualización de los avances del programa de ciencia y tecnología a lo cual está obligado, según esta directora, por Ley. Esto tampoco es cierto, pues la legislación vigente no obliga al Foro a pedir permiso al Conacyt o a acordar con éste los contenidos de sus comunicados. La fracción primera del artículo 36 establece que el Foro tiene por objeto “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo para la formulación de propuestas…” El último comunicado el Foro, por ejemplo, recoge las preocupaciones de las comunidades académica y científica sobre los efectos adversos de las medidas de austeridad emprendidas por el gobierno, lo que es perfectamente compatible con lo expresado por la Ley que en ningún lado condiciona su actuación a una consulta previa.

Los comunicados del Foro los firma su mesa directiva, la cual está integrada por los titulares de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Cinvestav, las Academias de Ciencias, Medicina, Ingeniería, Historia y de la Lengua, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, los CPIs, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, tres representantes electos del SNI, el Consejo Nacional Agropecuario, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y organismos empresariales como la Concamin, la Canacintra y la Coparmex (por cierto, la presencia de organizaciones empresariales ha sido utilizado para alimentar a los sectores más atrasados científica y políticamente con la idea de que el Foro tiene una orientación privada, lo cual es falso pues, por ejemplo, todos los coordinadores han sido destacados investigadores e investigadoras de instituciones públicas).

Para la directora del Conacyt el Foro ha contribuido a la distorsión y manejo confuso de la información, lo cual implica suponer que los problemas como los que señala en su último comunicado acerca de los efectos de la austeridad republicana sobre la ciencia no existen, o bien, en el remoto caso de que sean reales, son magnificados o alterados. Esto significa pensar, por ejemplo, que 3 mil investigadores y miembros de la comunidad de los CPIs son tontos y se dejan manipular, algo que nadie podría afirmar, puesto que están inmersos en la realidad que denuncian además de que tienen coeficientes intelectuales muy por encima del promedio. También la acusación toca a los medios de comunicación, cómo si no contaran con sus propios recursos para indagar acerca de la realidad sobre la que informan.

Más bien se trata de trasladar la responsabilidad sobre las fallas y omisiones en la política de ciencia a otros.