La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que policías federales abusaron de las garantías de tres personas en Acapulco, Guerrero, en 2015.

Por este caso emitió la recomendación 20VG/2019 dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, por la violación sexual contra un hombre, y otras trasgresiones a los derechos de la libertad, la seguridad personal y la legalidad por su detención arbitraria y retención ilegal junto con dos personas más, así como el no respeto a la integridad personal por actos de tortura física en agravio de estas dos últimas.

El organismo nacional verificó, con pruebas especializadas, que los elementos federales provocaron alteración a la integridad física y emocional de una de las víctimas con la tortura y violencia sexual infligida posterior a su detención. Tallaron “sus partes íntimas con una macana, mientras alguien le pisó la cadera, jalándole los brazos hacia atrás, en ese ‘forcejeo’ se le introdujo una parte de dicho objeto, además de golpearlo”.

Comprobó que otro de los detenidos también presentó lesiones características de tortura, entre ellas las que le causaron en los tímpanos; sin que se pudiera acreditar la tortura respecto a la tercera de las víctimas, pero se solicitó la investigación correspondiente.

La violencia sexual a una de las víctimas y la tortura de que fueron objeto cobra mayor relevancia debido a que el personal del servicio público involucrado está encargado de proporcionar seguridad a la ciudadanía, lo que no aconteció; máxime que su detención fue arbitraria, además de que se les retuvo ilegalmente, siendo puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la federación, después de 14 horas de su detención, señaló la CNDH.

Por ello, solicitó al titular de la SSPC que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, reparen integralmente el daño ocasionado a los agraviados, que incluya una compensación en términos de la Ley General de Víctimas, atención sicológica y en el caso de uno de ellos, también siquiátrica para que revierta los efectos personales y sociales del abuso sexual padecido.

También deberá colaborar con la CNDH en la presentación de la queja contra los responsables y en la integración de la carpeta de investigación ante la Fiscalía General dela República contra los agentes de la Policía Federal involucrados.