Puebla, Pue., La elección extraordinaria de este domingo, para elegir gobernador sustituto y reponer el proceso en cinco alcaldías en la región huachicolera, se desarrollará en un contexto de menor tensión, en contraste con la del año pasado, que dejó a Puebla como el estado con más actos violentos en 2018, que siguen sin ser sancionados.

Esta votación ocurre seis meses después del percance, aún no aclarado, en que murió Martha Érika Alonso –quien fue gobernadora sólo 10 días– y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y tras el proceso de julio de 2018, marcado por irregularidades que, a la vista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en una decisión dividida, no fueron suficientes para anular el resultado.

Compiten por la gubernatura Miguel Barbosa Huerta, en una coalición de Morena, PT y PVEM, quien oficialmente quedó en segundo lugar, a 3.56 puntos de Alonso; Enrique Cárdenas, ex rector de la Universidad de las Américas, que en 2018 se acercó a Morena para intentar la postulación por ese partido, y el priísta Alberto Jiménez Merino, ex secretario de Desarrollo Rural del góber precioso, Mario Marín, hoy prófugo de la justicia.

Asimismo se volverá a realizar la elección en municipios ubicados en la región con mayor robo de combustible: Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec, Ocoyucan y Tepeojuma, donde el resultado se anuló debido a la violencia, quema y robo de urnas. Los primeros dos son considerados los más críticos por la comisión de ese delito, que creció durante el gobierno de Moreno Valle.

Ante el contexto violento y de crisis política de la pasada elección, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió atraer el proceso y para garantizar la seguridad de la jornada comicial, desde el miércoles se reforzó la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional.

También el INE señaló que la lista nominal de 4 millones 589 mil 367 electores es confiable, al igual que las boletas y actas, que tienen una marca visible con luz ultravioleta.

Ayer, en una sesión de ocho minutos, la junta local del INE desechó de plano dos recursos por presunta propaganda fuera de los tiempos permitidos, pero solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones un reporte de las líneas de teléfono que han sido usadas para una campaña de desprestigio contra Barbosa.

Poder de seducción

Distanciado ya en la recta final de la campaña con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, Moreno Valle –protegido político de Elba Esther Gordillo y cuidadoso al extremo de su apariencia– hizo todo en 2018 para que su esposa ganara la gubernatura.

Morena ganó la mayoría en el Congreso local, las senadurías, la ma­yoría de las diputaciones federales, incluso la elección presidencial, ­pero no la gubernatura, escenario que se atribuye a la manipulación del proceso para mantener al menos el cargo para Martha Érika Alonso.

Los partidos de oposición documentaron la violencia, presunta compra de votos, robo de urnas, así como la apertura y manipulación, en una bodega, de los paquetes electorales.

Además, y una vez que el TEPJF resolvió el expediente SUP-JRC-204/2018, contra la nulidad de la elección, Barbosa acusó a Moreno Valle de ejercer presión contra la autoridad electoral y aplicar lo que llamó poder de seducción para que se rechazara el proyecto del magistrado Luis Vargas.

En el proyecto, del 8 de diciembre, rechazado por cuatro a tres magistrados, con el voto decisivo de la entonces presidenta, Janine Otálora, Luis Vargas acusó que además de la violencia generalizada en casillas y compra de votos, en Puebla se aplicó un laboratorio electoral.

Finalmente, Martha Érika Alonso rindió protesta el 14 de diciembre en una sesión privada ante el Tribunal Superior de Justicia, y no ante el Congreso de mayoría opositora, y ofreció al presidente Andrés Manuel López Obrador un gobierno aliado. En un tuit llamó a la reconciliación: Es tiempo de darle vuelta a la página.