erca de cumplir 100 días en el gobierno, el presidente López Obrador comunicó que, sobre el sector salud, no tenía nada que informar: está todo tan devastado, que todo va muy lento ( Reforma, 28/2/19).

Antes de los Foros para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Jorge Alcocer –secretario de Salud– observó que todavía no hay avances en la aplicación del nuevo Plan Nacional de Salud: hay deudas con diferentes instancias y antes de concretar la federalización hay que resolverlas Es un déficit que se tiene que negociar con los gobiernos estatales. También hay contrataciones precarias de médicos y enfermeras por honorarios o eventuales. López Obrador ha ofrecido regularizarlos, pero sólo para el área médica. Existen, además, más de 200 centros y hospitales inconclusos y estados con unidades médicas y equipamiento necesario, pero sin personal médico. Sin embargo, agregó, para la primera etapa del plan, ya se firmaron acuerdos con seis de los ocho estados del sur-sureste con vistas a que la Ssa asuma el control y uso de todos los recursos. Con todo, precisó, la implementación se tiene que analizar y discutir ( La Jornada, 5/3/19).

En el primero Foro para el PND (Guerrero), Alcocer precisó que el neoliberalismo afectó la atención médica: hay exclusión y acceso inequitativo. Por lo que la propuesta del nuevo gobierno consiste en no ser cómplices, eliminar el influyentismo, los moches y la corrupción. El estado de salud no es sano: está en un camino de desastre y carecemos de una red institucional de servicios. Frente a ello, el nuevo gobierno busca dar acceso efectivo a los servicios requeridos para la población sin seguridad social. Sin salud no hay paz. Se debe cumplir el artículo 4 constitucional y garantizar atención a 20 millones de personas que no cuentan con ella. Ese es el objetivo: apoyar una estrategia que facilite ese acceso, no exclusivamente, pero sobre todo a esos 20 millones que no lo tienen. El presupuesto es insuficiente. Pero promoveremos una política de aumento progresivo para acercarnos –al final del sexenio– a las recomendaciones de la OMS ( Reforma, 7/3/19).

Está, además, el tenebroso asunto del negocio con los medicamentos, sospechosas licitaciones y domino oligopólico del mercado, junto con las prácticas colusivas de ciertos proveedores para hacerse de los contratos del sector público y eliminar competencia –acordando tarifas– ganando mejores precios (servicios integrales, de análisis clínicos, bancos de sangre y procedimientos de mínima invasión). Igualmente, la disponibilidad de los recursos ofrecidos (25 mil millones de pesos) para iniciar la operación del acuerdo entre el gobierno federal y gobernadores de ocho entidades para hacer efectivo el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad social (14/12/18). Así como la definición de la SHCP respecto a las plazas precarias. Todo lo cual dificulta corregir las deficiencias detectadas en un sector neoliberalmente devastado: elevadores, baños, equipos descompuestos y hospitales saturados con pisos completos sin funcionar que impiden garantizar la atención requerida.

La agilización del acuerdo avanza vía cuatro coordinadores regionales que eliminan obstáculos y cumplen compromisos: Juan Antonio Ferrer (sur-sureste), Hugo Fernández (norte), Pedro Zenteno (centro) y Ramiro López (pacífico).

La ruta de la integración, según Alcocer, podría ajustarse a la siguiente planeación compartida de servicios con la seguridad social: unificar un modelo de atención básico, fortalecer el primer nivel como base territorial de la atención, énfasis en el trabajo en y con la comunidad, intercambio de servicios en urgencias reales y sustituir subrogaciones privadas por intercambio de servicios (Academia de Cirugía, 12/2/19).

Algunos avances ya se plasman, al decir de Alcocer, en definición de las tareas correspondientes al primer nivel, de los criterios y procedimientos para establecer las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), definición de la metodología de georreferencia de las RISS y ubicación de las unidades de salud requeridas, así como la definición del tipo y cantidad de medicamentos para los distintos tipos de unidades de salud (Foro PND, Guerrero 6/3/19).

Un diseño que, por supuesto, deberá medirse contra su implementación real y, sobre todo, cumpliendo con la oferta presidencial: en el marco de una devastación sectorial sin precedentes utilizar, como punto de partida, 5 mil unidades médicas rurales IMSS para mejorar el servicio, porque reforzar el sistema será paulatino ( La Jornada, 4/1/19). Se trata de garantizar que, finalmente, los recursos sanitarios lleguen abajo: a los más pobres, como nunca ocurrió con las descentralizaciones Soberón/ De la Fuente-Narro y, sobre las cuales operó el fallido (ahora extinto) ni Seguro ni Popular, de frecuente uso electorero.

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco