Cualquier medida que se adopte, sea de austeridad, combate a la corrupción o por el uso indebido del gasto público debe contemplar el respeto irrestricto a los derechos humanos, es decir, no debe limitar, restringir, anular o disminuir los estándares de protección de su goce y ejercicio, aseguró Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar la recomendación general 36 sobre la situación de la población jornalera agrícola en México, el ombudsperson nacional criticó la desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y en entrevista posterior sostuvo que se debería crear un nuevo esquema de apoyo al sector.

En su discurso habló de la difícil situación de los jornaleros que están expuestos a violación de sus derechos humanos, lo cual motiva la recomendación. Sostuvo que si bien el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas tenía importantes aspectos por corregir, la omisión de generar una política o programa para proteger y garantizar los derechos de las personas jornaleras agrícolas es inadmisible.

La recomendación está dirigida a la Secretaría de Bienestar, a cargo de María Luisa Albores, y añadió que en el caso del trabajo agrícola concurren la competencia e intervención de autoridades federales y estatales, principalmente en materia laboral.