La Contraloría General y el Poder Judicial locales serán los encargados de aplicar las sanciones a los servidores públicos que no cumplan con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que pueden ser desde la destitución hasta una denuncia penal, afirmó la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández.

Tras informar que de 2012 a 2019 se recibieron mil 627 quejas, presuntamente violatorias de derechos humanos, en las que los agraviados son adultos mayores por problemas con la pensión alimentaria, señaló que dicha legislación deberá bajarse a reglamentos y lineamientos.

La comisión es un órgano no jurisdiccional, por lo que la parte fuerte para aplicar sanciones, que lleven hasta la destitución de quien no atienda, es el Congreso de la ciudad. Por ejemplo, la queja más vieja que se tiene es de 1995, relacionada con el sistema penitenciario, la cual se cerrará y se dará por incumplida, dijo.

Dichos procesos, que parecen a veces largos y nos hacen impotentes, deben continuar, pues de lo contrario estaríamos haciendo sanciones que no competen a un órgano no jurisdiccional, por lo que en el programa de lucha contra la impunidad, que incluye la nueva ley, se atenderán estos casos.

La comisión, explicó, recomienda y señala muchas veces a servidores públicos. Los ponemos en ese programa que permite tenerlos detectados y hacemos lo procedente en términos de denuncias penales, para que la Contraloría General y el Poder Judicial los sancionen desde la lógica jurisdiccional.

Al no contar con competencia sancionatoria, se acredita e investiga a funcionarios que hayan incurrido en violaciones a derechos humanos, se señalan y se pide a la autoridad investigar, dar parte a la contraloría y abrir una carpeta de investigación, expuso.