Los más de 5 mil amparos presentados contra la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos –que fija el salario del Presidente de la República en 108 mil pesos– y que involucra a 27 mil 324 quejosos, deberán ser resueltos por dos juzgados con sede en la Ciudad de México.

Mediante el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer el acuerdo a través del cual se ordena la concentración de los expedientes y que se dicte una resolución relacionada con el ­tope salarial de 108 mil pesos como máximo para los servidores públicos.

El documento refiere que los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la primera región, con residencia en la Ciudad de México, conocerán del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo.

En estos juicios de amparo se incluyen las solicitudes que presentaron 448 jueces, 607 magistrados, 4 mil 774 secretarios, mil 97 actuarios, 5 mil 410 oficiales, que forman parte del Poder Judicial de la Federación y que están inconformes con una disminución salarial.

Más de tres mil demandantes

Asimismo, solicitaron protección de la justicia federal más de 3 mil servidores públicos de instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Procuraduría General de la República, el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Se promovieron recursos por parte de empleados del Instituto Nacional Electoral, del Servicio de Administración Tributaria, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Issste, de la Secretaría de Gobernación y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.