Las órdenes de aprehensión contra Alonso Ancira, presidente del consejo de administración de Altos Hornos México (AHMSA), y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), reflejan el compromiso del gobierno federal de combatir la corrupción y la impunidad. Ahora falta que el Poder Judicial tenga clara la relevancia del tema, asentó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en declaraciones a La Jornada.

Se requiere que los jueces tengan claro lo que está en juego y que no duden en imponer sanciones, subrayó, al dar cuenta de que hay al menos tres denuncias ante la Fiscalía General de la República vinculadas al caso.

El lunes Nieto Castillo confirmó a esta publicación del bloqueo a varias cuentas bancarias. El proceso deriva de la corrupción en Pemex cuando Emilio Lozoya Austin estuvo al frente de la petrolera en el sexenio pasado, refirió.

Además de asegurar las cuentas del priísta, bloquearon las de su esposa, María Helene Ecke; de su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin, y de su secretario particular, Rodrigo Arteaga Santoyo.

Con el mismo oficio se congelaron las finanzas de AHMSA y del director general, Alonso Ancira, quien fue detenido en España.

Nieto explicó que desde la UIF se presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de República. La primera en diciembre y dos en mayo. Aclaró que en atención a las investigaciones no se puede detallar quiénes están implicados.

En adelante, señaló, el caso tiene las características para que se dé vista a la Procuraduría Fiscal de Hacienda. La dependencia que preside Carlos Romero Aranda se encarga de los litigios en que se presume desfalco a la Federación y evasión fiscal.

La semana pasada, cuando la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Lozoya como funcionario público hasta por 10 años, dado que había inconsistencias en su declaración patrimonial, Nieto aseguró que se llegaría al fondo en todas las investigaciones que comprometan el caso Odebrecht.

Este caso implica un mensaje claro a los jerarcas de la administración anterior y en general a las personas que han estado siempre protegidas por un halo de impunidad, advirtió Nieto, contra quien Lozoya mantiene una demanda.